Estamos casi al final de un proceso de elección de altas cortes del país y los mismos reclamos de siempre están en el ambiente. Que el proceso de postulación no evaluó candidatos adecuadamente, que en la lista se colaron indeseables, que los méritos académicos evaluados eran un chiste en algunos casos, que el proceso se judicializó, que sí, que no y tal vez. No creo que haya alguien en su sano juicio o que no tenga evidentes conflictos de interés que considere que el sistema de comisiones de postulación haya traído resultados satisfactorios. Quizá la última vez fue en 2009 cuando se eligió una Corte Suprema de Justicia con abogados de talla reconocida, como Rogelio Zarceño, Gabriel Gómez, Gabriel Medrano o Luis Arturo Archila.
Lo cierto es que si algo se ha manifestado particularmente en los últimos 10 años (3 elecciones, 2014, 2019 y ahora) es que el proceso de elección de magistrados se ha vuelto un proceso que lo único que produce son negociaciones espurias sobre la justicia, ventanas abiertas al crimen organizado y litigiosidad. Todos reconocen que el sistema es defectuoso, que causa inseguridad jurídica, que el sistema se politizó y que los mejores no tienen cabida para ser electos bajo el mismo, sino el traficante de influencias y el que está dispuesto a ofrecerse a los políticos para ser electo. Se reconoce que es una estupidez de primer orden relevar la alta plana judicial completa cada cinco años. La reforma se promovió en 2016-2017, pero fue torpedeada de diversos sectores, en primer lugar, por el sector empresarial por incluir el tema del derecho indígena, pero luego por una plétora de intereses ligados al tráfico de influencias en el Organismo Judicial y fracasó. La situación y funcionamiento de las Cortes se ha empeorado del 2019 para acá. El año pasado casi se revierte la democratización del país por unos malos funcionarios judiciales.
¿Por qué no se promueve la reforma? No lo sé. Las élites económicas prefieren no “patear el hormiguero” creyendo una parte que promover una reforma constitucional del área pudiere perjudicar sus intereses. Otros creen que pueden convivir con los “emergentes” y con sectores indeseables sin problemas. Ambas visiones las creo erradas. La élite política pues en el imaginario de “maximizar sus ganancias” felices de tener palancas adicionales de poder. Sin embargo, este gobierno que corrió con la idea del cambio y de atacar la corrupción debería promover la reforma del sector justicia porque es el ancla del sistema corrupto y debería ser liderada por el Organismo Ejecutivo. La ventana de Overton está abierta ahora mismo. El Presidente Arévalo debe aprovechar esta ventana y promover la reforma. El país ya no está para debates o discusiones. Es hora de proponer algo.
¿En qué líneas debería ir una reforma? Pues esto debe ser materia de crear un equipo con las mejores mentes jurídicas del país, pero planteo algunas ideas:
- Períodos de cargos escalonados, es un sinsentido la renovación de altas cortes completamente cada cinco años.
- Separación de funciones administrativas de judiciales en la Corte Suprema de Justicia.
- Creación de un Consejo de la Carrera Judicial o un ente afín que promueva la carrera judicial y los nombramientos para Salas de Apelaciones.
- En particular para elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, consideraría un proceso colaborativo de nominación y nombramiento entre los poderes del Estado. A manera de ejemplo, pudiera regularse que las vacantes pudieran llenarse con propuestas del Consejo de la Carrera Judicial que luego son examinados en audiencias públicas a nivel del Congreso para que el Presidente escoja de una terna que le remita el Congreso. O bien, pudiera crearse otro sistema de cooperación interorgánico que coadyuve a que haya un “control cruzado” entre organismos del Estado de quienes componen las Cortes.
- Plazos de nombramiento largos. En algunos países la independencia judicial se propugna con nombramientos vitalicios. Sin embargo, yo considero no conveniente ese esquema sino un plazo de nombramiento largo de entre 10-15 años. Esto debe estudiarse cuidadosamente para generar incentivos de vida para las mejores mentes a dedicarse a la carrera judicial.
- Como ocurre en unos países trataría a nivel de Corte Suprema de Justicia establecer un número de cargos que deban venir de la práctica privada vis a vis de la carrera judicial para equilibrar las visiones de la práctica profesional.
En fin, pudieran haber muchas otras más y ejemplos tenemos muchos para poder tratar de emular con las adecuaciones a la realidad nacional y a los problemas locales. El asunto es que considero necesario que desde el Organismo Ejecutivo se promueva el estudio de una reforma constitucional del sector justicia, se realice una propuesta y se debata democráticamente. El año 2025 es crucial para esto. En 2026 se renovará gran parte de la institucionalidad democrática del país, se elegirán nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Fiscal General y magistrados de la Corte de Constitucionalidad y es el momento ideal para que el andamiaje jurídico-constitucional sea reformado para beneficio del país. No se puede esperar más. No se necesitan más discusiones. La población se ha dado cuenta del costo social de no tener órganos de justicia funcionales. Es el momento. Presidente Arévalo, lidere este esfuerzo.
