Recientemente el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha declarado como concluido el proceso electoral. Con esto, los resultados han sido oficializados y, conforme al ordenamiento constitucional y legal vigente, los resultados son inalterables. El próximo 14 de enero deberán asumir sus cargos los diputados del Congreso y el binomio presidencial electo. No obstante, lo anterior, todavía hay fuerzas dentro del Estado (el Ministerio Público y algunos miembros del Congreso) y sus adláteres y corifeos que amenazan y conspiran para alegar fraude en las elecciones y para que no tomen posesión las autoridades electas, particularmente, las electas para presidir el Organismo Ejecutivo.
A estos grupos no les interesa adentrarse en las entrañas de nuestro sistema electoral donde más de 100,000 ciudadanos se encargaron de velar por la pureza electoral a nivel de Juntas Receptoras de Votos individuales, luego en las juntas electorales municipales, y luego en las juntas electorales departamentales en donde, en forma piramidal se fueron contando y tabulando los votos hasta llegar a su conclusión con los resultados ya conocidos y oficializados. Todo eso, ocurriendo en presencia de los fiscales de los partidos políticos que fiscalizaron en las mesas electorales el conteo de los votos, pudiendo impugnar si procedía, y hasta firmando las actas de resultados a nivel de juntas receptoras de votos, a nivel municipal, luego departamental hasta los resultados oficializados. También habiendo sido objeto de examen en las audiencias de revisión de escrutinio. Todo esto documentado en las actas del proceso electoral, en particular, en las actas 4 y 8 que hoy están secuestradas por el MP. No les interesa porque afecta su narrativa.
Hoy, las mafias enquistadas en el Estado y sus adláteres procuradores de impunidad quieren menospreciar la historia del país y las tan a fuerza y sudor ganadas garantías democráticas de nuestro país para fines perversos. Para asegurar que su poder no se vea disminuido y sus negocios ilícitos y fuentes de riqueza no sean afectados. Quieren, en símil a los paneles sin placas que secuestraban y torturaban a opositores, usar el proceso penal para descarrilar la voluntad ciudadana ejercida a través del voto. Gritan fraude porque sus planes maquiavélicos no funcionaron, aprendiendo que la teoría de juegos en sistemas complejos da lugar a resultados inesperados.
Hoy propugno que tenemos que reflexionar y apoyar el camino democrático en esta crisis. Tener la madurez necesaria para saber que, en estos tiempos modernos, la democracia es la única forma de gobierno que permite que grupos contrapuestos y de distintas posturas puedan disputarse el poder sin violencia. Este país ya sufrió una guerra interna por no encausar las diferencias políticas a través de medios democráticos. Por la creencia que “hay que aplastar al enemigo” y anularlo, cuando eso sólo crea resentimientos y retribución. El camino democrático es el único medio para encausar las reformas que el país necesita. La discusión y acuerdos en el proceso democrático tomarán tiempo y dejarán insatisfechos a las partes en el mismo, pero es el único camino para que no exista imposición, típico de los gobiernos autoritarios que ya dejamos atrás y que no queremos que se materialicen de nuevo.
Guatemala es compleja. Lo que ha demostrado esta coyuntura es que el centro de gravedad del poder ahora está disperso, incluso con actores que, si bien no son nuevos, ahora son más asertivos con su poder, para bien o para mal. Para los que desean que Guatemala mejore la negociación, diálogo y concertación es el único camino. Los grandes problemas del país necesitan acuerdos amplios y duraderos en beneficio de todos. La agenda de impedir la asunción de las nuevas autoridades o si no logran esto, maniatarlos para que no pueda hacer nada no debe ser una opción. A Guatemala la inacción y el inmovilismo le está costando mucho al perder oportunidades de desarrollo. Contrario a slogans conocidos “Guatemala está detenida” por la incapacidad de su sistema político. Claro, es permitida la legítima oposición política, pero la descalificación y el deseo de sumisión a sus intereses por los grupos que encabezan la embestida contras las elecciones no debe ser admitida. Cabe preguntarse:
- Uno de los grandes problemas del país es la poca representatividad y poca cuentadancia a los electores por los diputados, ¿a quién beneficia que nuestro sistema de elección de diputados no cambie y siga siendo disfuncional?
- Guatemala sufre de poca capacidad estatal al no tener un servicio civil moderno, ¿a quién beneficia esa situación?
- Guatemala tiene deficiencias importantes en el diseño institucional de elección de Altas Cortes, ¿a quién le beneficia que no cambie ese sistema?
- El país necesita grandes inversiones en infraestructura, ¿a quién le beneficia que no se modifique la normativa legal sobre diseño, contratación y supervisión de obras de infraestructura de todo tipo?
- El país tiene rezagos educativos enormes, ¿a quién le beneficia que no existan cambios al respecto?
- La población no tiene acceso a un sistema de salud de buena calidad y paga precios descomunales por las medicinas en comparación a vecinos, ¿a quién le beneficia que eso no cambie?
La respuesta está en que hay grandes intereses con poder político que medran y lucran del status quo actual. Como sociedad no vamos a progresar si en lugar de tener estas discusiones en lo abierto, se empeña la política en volver su quehacer una guerra de atrición en defensa del estado de cosas. Miremos a través de la polarización artificial que se ha vertido sobre nosotros y comprendamos que el afán de imposición y de impunidad de unos grupos minoritarios no nos dejarán progresar como país, solo la vía democrática, la discusión, el diálogo y la alternancia del poder por el convencimiento del electorado lo hará. Dejemos atrás el afán de una “democracia tutelada” por grupos que medran del poder político corrupto para su propio beneficio. Hoy toca defender la democracia del país de los embates mezquinos de los que ocultan sus intenciones bajo el poder punitivo del Estado.
