Luis Fernandez Molina

luisfer@ufm.edu

Estudios Arquitectura, Universidad de San Carlos. 1971 a 1973. Egresado Universidad Francisco Marroquín, como Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales (1979). Estudios de Maestría de Derecho Constitucional, Universidad Francisco Marroquín. Bufete Profesional Particular 1980 a la fecha. Magistrado Corte Suprema de Justicia 2004 a 2009, presidente de la Cámara de Amparos. Autor de Manual del Pequeño Contribuyente (1994), y Guía Legal del Empresario (2012) y, entre otros. Columnista del Diario La Hora, de 2001 a la fecha.

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Luis Fernández Molina

Comentaba en la entrega anterior que los avances en la tecnología han venido a facilitar las funciones fiscalizadores de la Hacienda Pública. Los mecanismos de control son ahora, simples. Quedan atrás las revisiones, los requerimientos, los memoriales etc. Ya no navegan los expedientes en un océano de celulosa donde las carpetas rebalsaban con certificaciones, facturas, constancias, actas, declaraciones, etc. Si es que había expediente. Ahora basta ahora que el inspector teclee el NIT del interesado y allí obtendrá toda la información pertinente. Ya no más papeles. Para empezar, aparecerán en pantalla las facturas que ha emitido, así como las compras que ha hecho (porque el vendedor también extendió su respectiva factura electrónica); se podrán cotejar las declaraciones vertidas y los pagos que se han hecho.

Con mayor razón el apretado control va a comprender a las sociedades mercantiles que, por definición deben tener un movimiento financiero. Quedarán en entredicho, y objeto de investigación, aquellas sociedades “durmientes” que solo sirven para acoger una o varios inmuebles y no reportan movimiento alguno, mes a mes, año con año. De igual forma se pondrán en evidencia los representantes legales de cartón, esto es, los testaferros que solo prestan su nombre pues el fisco podrá determinar cuánto dinero les paga la sociedad a la que “representan”. Un presidente de consejo o un gerente general debe tener un emolumento acorde a esa jerarquía, por ende, serán sospechosos los representantes que no declaren ingreso o que reciban el salario mínimo.

Los controles cruzados serán mucho más expeditos pues se cotejarán en línea las informaciones de las empresas que realizan operaciones. Toda operación mayor de Q2,500 debe tener el número del consumidor (a quién se hará seguimiento electrónico). Las facturas “hechizas” para rebajar el IVA ya no van a tener sentido (qué bueno), porque de inmediato se hará seguimiento del emisor conforme su NIT. A todo ello se suma el control bancario que imponen las leyes contra la corrupción y el lavado de dinero. Se están acabando las compraventas de inmuebles por precios ficticios porque el vendedor deberá depositar el cheque emitido a su favor y justificar su procedencia (o de la transferencia que se le haga).

El horizonte de la tecnología es inconmensurable y en cada etapa va ofreciendo nuevas herramientas en manos de las autoridades. El potencial se va desarrollando al punto que el control individualizado va a ser una realidad el texto bíblico del Apocalipsis que “nadie pueda comprar ni vender si no el que tenga la marca o (…) el número de su nombre.” (Ap 13.17) De hecho, en cada operación debe aparecer nuestro número de NIT. El otro número que tenemos es el DPI y ha habido intentos de “unificar” en uno solo de ellos (el DPI).

A lo anterior se anticipa el informe detallado de todos los consumos que se pagan por medio de tarjetas de crédito, incluyendo pagos internacionales. Es obvio que para Juan Chapín los ingresos registrados deben ser superiores a dichos consumos porque si no ¿de dónde telas? Todo este escenario está cambiando. Es obligación ciudadana pagar impuestos y de la manera que la ley lo establece, pero sería del caso anticipar algunos escenarios para que la carga tributaria no afecte la dinámica de una economía, en especial ahora que el control de la SAT es cada vez más certero.

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