Luis Fernández Molina
Guatemala está dejando de ser un “paraíso fiscal”. No me estoy refiriendo a los tradicionales paraísos fiscales que están esparcidos por el mundo Panamá, Seychelles, Islas Caimán, Cayman Island, Islas Vírgenes, Trinidad y Tobago, Fiji, Vanuatu, etc. Cabe señalar que entre ellas hay variantes, pero todos comparten: tasas impositivas muy bajas y secretismo, casi opacidad, en la información de las cuentas y las operaciones. Sin embargo, la mayoría de las gestiones que se hacen en esos países son “legales”, esto es, que están amparados por sus respectivas leyes. Tema diferente es que éstas sean muy laxas y cómodas para “esconder” capitales o tributar sobre ganancias en transacciones internacionales.
Por lo tanto, Guatemala no es, ni ha sido, un “paraíso fiscal” en ese sentido. Nuestras leyes tributarias son “normales” (muy similares a la mayoría de países de la región) y no pretenden proteger capitales extranjeros. Sin embargo, la “ventaja fiscal” del país radicaba, no en la relajación de tributos sino en que la propia tributación ha sido fácil de eludir. Era una especie de deporte nacional. Pero eso se está acabando.
Por la poca contundencia y porosidad se fijaron tasas de tributación altas con la idea de que, ante tanta maniobra evasiva “al menos quede lo más posible”. Pedir mucho para obtener lo máximo posible, conscientes que en el camino se iba quedando muchas gabelas, muchos dineros que correspondían a Hacienda. Era común escuchar que en muchas empresas manejan “doble contabilidad”, esto es, la real y la que tiene por destino los controles fiscales. También era extendida la práctica de no extender factura para no pagar el IVA; hasta las autoridades detectaron un “comercio” de facturas falsas que se “vendían” para bajar el IVA o el ISR. El extendido contrabando. Operar con valores bajos en precios de transferencias. Consignar precios ridículos en las compraventas de inmuebles. Presentar facturas hechizas a la hora de las importaciones.
Pero las cosas han ido cambiando desde que han convergido diferentes factores. En primer lugar el desarrollo de la digitalización que facilita un control, ya no solo de los contribuyentes (individuales o empresariales); sirva como ejemplo la “factura electrónica” que ya es obligatoria. Vale adicionar que se están generalizando los pagos electrónicos y por medio de tarjeta. Todo queda registrado. También se han mejorado las conexiones con el Registro Mercantil y con el Registro de la Propiedad. Por otra parte los efectos derivados de las leyes en contra del narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, han resultado, casi de carambola, muy beneficiosos para el fisco. Las limitaciones a los pagos en efectivo (hasta 30,000 quetzales), los controles de la IVE en las cuentas bancarias y de la Superintendencia de Bancos. En muchos casos de operaciones sospechosas los interesados no están lavando dinero, solo pretenden reducir impuestos. Pero ya no.
Cada avance tecnológico representa una ventaja en esa alineación de los astros en favor de la hacienda pública. Conscientes del poder de las redes la SAT va cerrando el círculo. La última vuelta al tornillo fue medida que en las facturas mayores de Q2,500 no se admite el “consumidor final” (CF). De esta forma van a dar seguimiento al comerciante que compra para luego, lógicamente, vender con incremento de precio. Interceptación de comunicaciones telefónicas (previa autorización judicial). Y además la SAT anuncia controles en los pagos por servicios de streaming y otros gastos por medio de tarjeta de crédito tratando de determinar quién gasta más de lo que declara o factura.
PD. Bien por la SAT, tal es su misión y es bueno que todos paguemos impuestos y que lo hagamos de forma pareja (evitar la competencia desleal). Por lo mismo, siendo que es mayor el control fiscal creo que sería del caso revisar algunas tasas, y acaso reducirlas, para mantener en buen ritmo la economía.
