Oscar Pineda Barahona es alcalde de Jutiapa. Fue electo por el partido Cabal y el lunes pasado, escuchando una entrevista con él en la radio (en el programa “Con Criterio”, de lejos el mejor programa radial del país en su género) a propósito de su decisión – respaldada por el Concejo Municipal – de rebajar su salario en un 50%, los gastos de representación en la misma proporción y eliminar los pagos de dietas en las sesiones del Concejo Municipal, se dijo que el anterior alcalde tuvo un salario mensual de Q20,000, gastos de representación de Q30,000 y recibía – además – por lo menos Q3,000 por dietas de cada sesión del Concejo (usualmente 4 por mes, pero suelen hacer muchas más porque las dietas son de Q3,000 por sesión). De manera que el ex alcalde de Jutiapa ganaba, por lo menos, Q62,000 mensuales, un ingreso mayor (o equiparable) al de ministros, magistrados, diputados etc. Y eso en un municipio como Jutiapa, que no se ha caracterizado por los cuantiosos emolumentos que en la región metropolitana, reciben estos “servidores públicos” ya que hay alcaldes que tienen ingresos superiores a los cien mil quetzales, o sea comparables a los del presidente y vicepresidente de la república, que son, como sabemos los mejor pagados de América Latina. Por cierto, en el programa se hizo el comentario que el alcalde capitalino se ha negado sistemáticamente a dar entrevistas a Con Criterio.
En un país en donde el salario mínimo no alcanza los Q3,000, es realmente una afrenta, un insulto a la ciudadanía entera, la que estos funcionarios edilicios (y recordemos que en Guatemala hay más de 300 municipalidades) hacen fijándose semejantes remuneraciones en lugar de dedicar los fondos que les asigna el presupuesto a obras municipales. El alcalde Pineda dijo en la entrevista que esperaban ahorrar un medio millón mensual en remuneraciones (pues su sueldo será ahora de Q10,000 y los gastos de representación también se redujeron a la mitad, es decir que ahora serán de Q15,000 mientras que las dietas, en una decisión sorprendente y digna de todo encomio, fueron suprimidas, de manera que ahora los concejales estarán obligados a sesionar “ad honorem”). Gracias a esto, señaló el alcalde Pineda, en un año se podrán tener ahorrados unos seis millones de quetzales, los cuales serán dedicados a la construcción de un nuevo edificio para la municipalidad. Además, el jefe edil habló de los planes que tienen para invertir buena parte del presupuesto municipal a la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas así como para mejorar el suministro de agua potable a la comunidad jutiapaneca. Preguntado acerca de su profesión, Pineda Barahona dijo ser ingeniero y tener una empresa constructora que principalmente opera en la capital, de manera que, aseguró, no tendrá conflicto de intereses mientras dure su gestión al frente del ayuntamiento de ese departamento suroriental.
En anteriores artículos nos hemos referido al digno ejemplo que dan también los servidores públicos en las comunidades indígenas, que prestan un servicio social anual ad honorem como parte de sus obligaciones a la comunidad. Pero como sería mucho pedir que los funcionarios municipales hicieran trabajo ad honorem hay que pensar en otras modalidades de terminar con este tipo de situación. Es claro que eliminar las dietas por parte del Concejo municipal de Jutiapa es una decisión de gran valor ético, pero es difícil pensar que otros concejos, en otras municipalidades del país, se encuentren en condiciones de seguir tan encomiable ejemplo, de modo que, desde nuestro punto de vista, una política salarial congruente con las realidades de Guatemala tendría que ser fijada para todas las instituciones públicas por el gobierno de la República, tomando en consideración que si un 60% de la población vive en condiciones de pobreza y que, a no ser por los 20,000 millones de dólares (un 25% del PIB y una cantidad muy superior a las divisas que el país recibe por todas sus exportaciones al exterior) que este año recibiremos en remesas de nuestros compatriotas que han emigrado a Estados Unidos es obvio que la economía nacional estaría en una profunda crisis.
Nos encontramos pues frente a un desafío de grandes proporciones que bien podría ser enfrentado por el Congreso de la República en el marco de la recién inaugurada X Legislatura. Una idea sería indexar los salarios de todos los funcionarios públicos (electos o no electos) al salario mínimo, de manera que nadie pudiese percibir como ingresos más de 10, 20, 30 hasta llegar a 40 salarios mínimos como máximo. Y que una escala pudiese establecer lo que el presidente y vicepresidente así como diputados, alcaldes, ministros, magistrados, jueces y funcionarios de distintas categorías incluyendo empleados, maestros, policías, médicos, etc. tendrían derecho a recibir como remuneración, de modo a evitar esas disparidades absolutamente escandalosas que existen actualmente (hay conserjes, contables y otros empleados menores que, en instituciones como el Congreso, perciben ingresos exorbitantes. Y, dado que todos los salarios estarían fijados en función del salario mínimo, cada vez que se quisiera aumentar salarios de los servidores públicos se tendría que aumentar el salario mínimo. Es evidente que una política de esa naturaleza podría no ser bien recibida por el sector privado. Pero para ello están abiertas las puertas del diálogo y las negociaciones políticas que el gobierno del presidente Arévalo se propone poner en marcha a fin de llegar a grandes acuerdos nacionales. Hacemos votos porque el tema de los salarios de los servidores públicos sea incluido.
