La guerra es la continuación de la política por otros medios solía decir Clausewitz. Por eso nos preguntamos si lo ocurrido la semana pasada (el escandaloso y absurdo ataque del MP contra la institucionalidad democrática del país) podría ser colocado en el marco de las llamadas “guerras legales” que las extremas derechas han puesto en marcha en todas partes cuando pierden elecciones: ahora mismo en España Vox y el PP están en guerra legal contra el PSOE y Sumar por haber formado gobierno gracias a entendimientos con nacionalistas vascos e independentistas catalanes; los falsos alegatos de fraude electoral de Trump pretendiendo invalidar el triunfo de los demócratas en las pasadas elecciones de Estados Unidos; la guerra legal que impidió a Lula participar en las elecciones que dieron el triunfo a Bolsonaro en Brasil; la que permitió defenestrar a Dilma Rousseff o a Pedro Castillo de las presidencias de Brasil y Perú o la que la derecha siguió contra Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá, etc. Sin embargo, los argumentos de los golpistas del MP, aquí en Guatemala, son tan burdos que difícilmente alcanzan naturaleza legal porque criminalizar la libertad de expresión del pensamiento –una garantía constitucional– alegando que las declaraciones de Bernardo Arévalo en solidaridad con estudiantes que ocuparon la USAC en protesta contra la imposición fraudulenta de un rector no es ningún delito. Expresar su opinión mostrando solidaridad a quienes defienden la autonomía universitaria es un derecho humano garantizado por la Constitución. En consecuencia, pedir que levanten el derecho de antejuicio al presidente electo por haber expresado con libertad lo que piensa es aberrante y solo evidencia la ignorancia o mala fe de quienes así proceden.
Por consiguiente, nuestra hipótesis –porque al momento de escribir este artículo la nueva CSJ o el Congreso aún no resuelven si levantan o no el derecho de antejuicio a los encartados en esta artimaña pseudo-legal, o si dará alguna medida sustitutiva a quienes fueron injustamente detenidos (Marcela Blanco, Rodolfo Chang, Alfredo Beber, Guayo Velásquez y Javier de León)– de manera que suponemos que los nuevos magistrados de la CSJ o las “comisiones pesquisidoras” del Congreso (que aunque acortaran los 60 días que la ley concede a las pesquisidoras para quitar el derecho de antejuicio de los magistrados del TSE de todos modos no tendrán tiempo para ventilar los procesos correspondientes antes del 14 de enero) de modo que no tienen los medios de desmantelar la escasa, pero aún sobreviviente, democracia formal que tenemos. Por eso mismo, sostenemos que las patadas de ahogado de los golpistas no son ninguna “guerra legal” sino que se trata de una guerra psicológica que busca crear temor (“fundar terror”) en la población para desmovilizarla.
Decimos esto porque, a no ser que hubiesen corrido ríos de dinero para comprar a los nuevos magistrados de la CSJ (algo poco probable) es más verosímil la hipótesis que la CC ordenó la elección de nuevas cortes para desentrampar la crisis, de modo que sea la nueva CSJ quien resuelva conforme a derecho. Algo que no podrían hacer quienes usurparon cargos durante 4 años por la negligencia del Congreso no es lo que buscan los golpistas y sus padrinos. Estos últimos están tratando de impedir que Bernardo Arévalo asuma la presidencia de la República el próximo 14 de enero pero no podrán hacerlo porque esto implicaría “patear el tablero” violando la Constitución, algo que solo el ejército podría hacer y que, en nuestra opinión la institución castrense no hará, no solo por razones de orden legal interno (lo prohíbe la Constitución) o político (nadie está obligado a respetar órdenes ilegales y menos si provienen de un “comandante general” que finaliza su período) sino también porque en el plano internacional quedarían enemistados con Washington y se exponen a un aislamiento total, pues ni Rusia ni China vendrían en su auxilio como si lo han hecho con Venezuela y, hasta cierto punto, Nicaragua que es apoyada por Rusia. Además ni siquiera es imaginable una acción destinada a impedir que tanto presidente como vicepresidenta, diputados y alcaldes electos asuman sus cargos sin poner al país al borde de un estallido social de gran magnitud. Sería el caos que nadie quiere, comenzando por el sector económico y, naturalmente, Washington.
Es aquí en donde debemos hacer un análisis de la correlación de fuerzas para comprender en qué dirección se inclinará la recién instalada CSJ, pues ¿Qué ganarían los nuevos magistrados alineándose con un presidente saliente y su pareja? Faltan ya menos de dos meses para que Bernardo Arévalo y Karin Herrera asuman los cargos de presidente y vicepresidenta de la república conforme a la certificación del TSE de su triunfo en la segunda vuelta del pasado 20 de agosto. Toda la ciudadanía honrada de este país está de acuerdo con la certificación dada por el TSE y conviene tener presente lo que ha dicho el sector económico en su comunicado del pasado lunes 20 de noviembre, en donde desde el CACIF hasta AGEXPRO pasando por la Cámara del Agro, de Industria, de Comercio, la AMCHAM, los azucareros, CECOMS, FUNDESA, la Federación de la Pequeña y Mediana Industria (FEPYME), MCN y CFG piden a los “recién juramentados magistrados” que procedan con “independencia e imparcialidad” confiando en que “su criterio abonará a la transición democrática del poder hacia las autoridades previstas para enero del año próximo”. Refiriéndose a esta toma de posición del sector privado, un atinado editorial de Prensa Libre afirma que las solicitudes de levantamiento de antejuicio del MP son “argucia de leguleyos” y que por ello “…los antejuicios que deberá conocer la nueva CSJ deben ser desechados in limine por el solo hecho de conculcar la garantía de Libre Emisión del Pensamiento, como lo solicitó ayer, de manera unánime, el sector privado organizado”. También el nuevo Consejo Nacional Empresarial y la Fundación Libertad y Desarrollo se han pronunciado en forma análoga y, por supuesto, tanto los pueblos originarios con sus autoridades ancestrales, pasando por las diversas organizaciones de la sociedad civil, el sector académico, religioso, la prensa y los medios de comunicación (incluyendo a la APG) así como la comunidad internacional en donde han destacado las posiciones de la Casa Blanca, la OEA, la Unión Europea y de países como México, Colombia o Brasil. No es posible oponerse a este conjunto de fuerzas sociales sin ponernos a todos al borde de un colapso económico y político que podrían llevar a Guatemala a la condición de estado fallido.
De modo que ¿cuál sería el interés de los nuevos magistrados en alinearse con Giammattei, Porras y adláteres? La actual CSJ no sólo correría el riesgo de enemistarse con Bernardo Arévalo sino también con el resto de la sociedad civil, el empresariado y pueblos originarios es decir, en suma, con la nación guatemalteca en su conjunto. Y si los nuevos magistrados (y seguramente muchos buscarán una reelección para que su período no quede reducido a solo un solo año, al igual que los magistrados de la CC, que todavía tienen buen tiempo por delante) desean mantener una relación cordial y libre de mayores tensiones con el nuevo presidente que – por razones de principio – no intentará injerirse en los asuntos propios del sistema de justicia, nos parece evidente hacia dónde se inclinará la balanza.
Y por otra parte, si vemos hacia el Congreso y la actual legislatura, aparte del hecho que –como denunciado por el diputado Taracena en repetidas ocasiones– es mediante la compra de votos que Giammattei se ha asegurado la “lealtad” de buena parte de ella, otro tanto debe estar ocurriendo ahora mismo, sea porque se agotaron esos fondos mal habidos, sea porque el plazo para que el binomio electo asuma se acorta con el paso de los días disminuyendo, inexorablemente, lo que resta del poder de Giammattei y Miguel Martínez. Y a ello habría que agregar que en la legislatura que se inaugura el próximo 14 de enero, ni los diputados de Vamos ni los de muchos otros partidos “franquicia” por el estilo permanecerán en ellos, puesto que tampoco contarán con los sobres de dinero en efectivo con los que se mantenía la “cohesión partidaria”. Nuestro pronóstico es que buscarán acercarse a Semilla aunque sea para no tener dificultades con Finanzas para obtener los fondos del listado general de obras o las asignaciones presupuestarias de ciertas ONGs creadas ad hoc por estos mismos “honorables” diputados con el propósito de “recuperar” los fondos invertidos en sus “campañas electorales”. Así pues, reiteramos que nos parece absolutamente claro que la intentona de la semana pasada – parece más bien una acción terrorista para tomar rehenes en la sociedad civil como hizo ver el propio embajador Stephen McFarland – pues lo que busca es crear temor para desmovilizar a la gente, generando miedo ante represión desencadenada la semana pasada. Se trata pues de una operación de guerra psicológica, no legal. Esta es la hora en que toda la ciudadanía debe mantenerse firme en defensa de la democracia, rechazando la barbarie que supondría permitir que los corruptos autoritarios se salgan con la suya.
