El artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala dice claramente: “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derechos a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.
En una arremetida digna del orteguismo nicaragüense, el Ministerio Público se ha dedicado con ahínco y diligencia sin igual a fabricar casos en contra de personas particulares, candidatos electos y ahora también medios de comunicación, para poder anular las elecciones del 2023 y, de paso, coartar la libertad de expresión y silenciar voces incómodas que denuncian estas atrocidades. En la historia reciente de Guatemala, el único precedente comparable fue la censura a la prensa durante el frustrado golpe de estado que gestó el fallido dictador, Jorge Serrano Elías, en su intento por disolver al Congreso de aquella época.
Casualmente la corrupción fue también la causa central de la censura de aquella época, ya que Serrano no quería compartir con los corruptos diputados de aquel entonces los confidenciales y los frutos de los negocios sucios que hacía mientras gobernaba nuestro país. Ahora, el gobernante y el centro de su gobierno dirigen este furibundo ataque con el único fin de preservar el régimen de corrupción e impunidad que los ha beneficiado a ellos y a un pequeño grupo de personas, diputados y alcaldes incluidos, que han esquilmado sin ningún escrúpulo el Erario, y que lo seguirán haciendo durante el año 2024, independientemente de que tome o no posesión Arévalo, debido a la asignación de recursos para las obras de “arrastre”, es decir, obras que iniciaron durante este gobierno y que no se pudieron finalizar en 2023, por lo que durante 2024 continuarán vigentes las asignaciones presupuestarias para dichas obras.
Este es un momento crucial en la historia de nuestro país. Estamos transitando la ruta que llevó a países como Venezuela y Nicaragua a lo que son hoy. Si el Ministerio Público y sus jueces favoritos llegan a sentar un precedente jurídico en contra de la libre expresión, ellos se habrán afianzado en esa ruta hacia la dictadura. Es el momento de unir esfuerzos para que juntos podamos construir una Guatemala diferente, en la que todos los guatemaltecos honestos tengamos las mismas oportunidades. Nuestro país pide a gritos un Estado de Derecho en el que todos, incluidos quienes gobiernan, seamos iguales ante la ley. Los inversionistas serios no vendrán a generar oportunidades de empleo a un país en el que se piden coimas, envueltas o no en alfombras persas, para hacer negocios. La gran mayoría de guatemaltecos ya estamos cerrando filas en contra del régimen. No caigamos en los radicalismos extremos (que los hay y de ambos lados del espectro) y defendamos las pocas libertades que nos quedan, entre ellas, la libertad de expresión.
