La intentona golpista anunciada por el presidente electo, Bernardo Arévalo, está en marcha. El allanamiento de las instalaciones del Centro de Operaciones del Proceso Electoral y el Registro de Ciudadanos para secuestrar la papelería electoral motivó un enérgico comunicado del TSE en el cual se expresa la profunda preocupación de la máxima autoridad electoral de la República ante las vandálicas acciones de los golpistas atrincherados en el MP al tiempo que señalaban categóricamente que la contravención a la LEPP demuestra con fehaciencia que la intencionalidad “…no es garantizar la voluntad popular sino generar incertidumbre y dudas sobre un proceso que es propiedad de los ciudadanos guatemaltecos” y que “una vez que la cadena de custodia y el principio de preclusión se han violado el Tribunal Supremo Electoral no puede garantizar que el contenido de las cajas electorales abiertas sea el mismo con el que se recibieron luego de las elecciones del 25 de junio y 20 de agosto de 2023”. Es decir, los esbirros del MP podrían hacer todos los cambios que quisieran en la papelería ilegalmente secuestrada a fin de tratar de justificar un golpe de estado alegando fraude o cualquier otra artimaña pseudo jurídica, por más burda e ilegal que ésta sea. Es esa torpe acción del grupúsculo golpista de Porras y adláteres el que la ciudadanía consciente debe detener, invocando el principio constitucional de resistencia pacífica ante cualquier intento de violar los principios y derechos que la Constitución garantiza, utilizando todos los medios pacíficos de protesta y acción social a nuestro alcance.
Como dice el TSE – que se está comportando a la altura de las circunstancias – al invocar a los poderes de la República y a los organismos de control (la CC especialmente) para que actúen en función del Estado de Derecho porque los procedimientos y normas que garantizan la democracia no pueden ser violados sin seguir, aquí sí, ese debido proceso al que el CACIF se ha referido y hemos mencionado en nuestro artículo de la semana pasada, con las garantías procesales inherentes, cosa que brilla por su ausencia en los atropellos en que ha incurrido el MP (más de treinta veces ha pedido Semilla que le muestren el expediente en manos de la FECI sin resultado alguno, como dijo el presidente electo en conferencia de prensa). Por ello es absolutamente correcto lo que dice el TSE cuando “ratifica el reconocimiento a la participación de millones de guatemaltecos que con civismo y de manera pacífica acudieron a las urnas tanto en las elecciones generales como en la segunda elección presidencial. Sus votos fueron celosamente resguardados y contados por más de 125,000 ciudadanos que de manera responsable y comprometida asumieron funciones de órganos electorales temporales de conformidad con la ley especial de la materia”.
La comunidad internacional ya se ha pronunciado inequívocamente a este respecto. La Unión Europea ha dicho, por ejemplo, que expresa su seria preocupación por los allanamientos en el Tribunal Supremo Electoral, reiterando su llamado a todas las instituciones y poderes del gobierno para que respeten plenamente el resultado de las elecciones instándoles a abstenerse de acciones que socaven tales resultados y en forma parecida lo han hecho también la Misión de Observación Electoral de la OEA y gobiernos amigos, como el de Estados Unidos, que por medio de Brian Nichols, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, condenó las acciones del MP señalando que «esta acción sin precedentes debilita la transición democrática y la voluntad del pueblo guatemalteco».
Como expresado con toda claridad por el presidente electo en la conferencia de prensa de ayer martes por la tarde, tanto Rafael Curruchiche, Cintia Monterroso como el juez Orellana y la propia Fiscal General, Consuelo Porras, son los responsables de este intento de terminar con el régimen democrático que garantiza nuestra Constitución, se han puesto al margen de la ley y deben renunciar a sus cargos. Las acciones legales que Semilla ha interpuesto tanto para que los funcionarios mencionados sean despojados del derecho de antejuicio y se les pueda someter a los procesos penales correspondientes, obligándolos a renunciar, así como el amparo interpuesto ante la Corte de Constitucionalidad tienen que funcionar para salvar la institucionalidad democrática de nuestro país. Es indispensable, por tanto, que la ciudadanía en su conjunto se unifique para defender la democracia. El empresariado, los pueblos originarios, los sectores populares, la clase media y, en general la sociedad civil deben responder a este llamado hecho por el presidente electo para no permitir que estos delincuentes enquistados en el MP y en el Organismo Judicial se salgan con la suya. No se debe ni se puede permitir que la voluntad de tres individuos corruptos, señalados nacional e internacionalmente por su deshonestidad y falta de escrúpulos prevalezca sobre la voluntad de los dos millones y medio de guatemaltecos que votamos por Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Y el presidente Alejandro Giammattei debe tener presente que, si desea que se reinicie el proceso de diálogo para la transmisión del mando – suspendido por el presidente electo ante la gravedad de los acontecimientos – debe actuar en consecuencia poniendo la presión que corresponde sobre los cuatro individuos responsables de la intentona para que renuncien de inmediato a sus cargos. No hay otra salida posible. Hay que detener a los golpistas.
