Ahora que el MP ha decidido ampliar la persecución a nuevos periodistas acusándolos de “obstrucción de justicia” y sandeces similares –en un esquema que cada vez se parece más a lo que ocurre en Nicaragua– resulta útil hacer un comentario acerca del último Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó al Consejo de Derechos Humanos, el cual celebra del 27 de febrero al 31 de marzo del año en curso su 52 período de sesiones en Ginebra. En efecto, en el documento A/HRC/52/23 el representante del Alto Comisionado dice en su párrafo 14 textualmente lo siguiente “El ACNUDH registró 156 casos de ataques contra personas defensoras de derechos humanos, incluyendo periodistas y funcionariado de justicia. Se observó un incremento de casos de criminalización contra quienes han realizado investigaciones periodísticas y han liderado casos judiciales contra la corrupción y la impunidad, con el objetivo de impedir el ejercicio legítimo de su trabajo y/o de sancionarlos por ello, pasando de 25 casos durante 2021 a 47 durante 2022. El ex Procurador de los Derechos Humanos continuó enfrentando campañas de descrédito y obstáculos en el cumplimiento de su mandato hasta el final de su período en el cargo. Asimismo, la ex Procuradora Adjunta II continúa enfrentando un proceso penal relacionado con el ejercicio de sus funciones oficiales.” Además en el párrafo 15 se insiste en que “El ACNUDH, para efectos de sus análisis, entiende que ‘la criminalización de las defensoras y defensores de derechos humanos mediante el uso indebido del derecho penal consiste en la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales con el fin de obstaculizar sus labores de defensa, impidiendo así el ejercicio legítimo de su derecho a defender los derechos humanos’” (los subrayados son nuestros).
La libertad de expresión ha continuado deteriorándose en su ejercicio pues se han documentado ataques contra periodistas “que se produjeron tras la publicación de investigaciones sobre casos donde denunciaban posibles hechos de corrupción. El ACNUDH observa con preocupación que la criminalización y violaciones al debido proceso en contra de periodistas debilita el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información” añadiendo que se registraron 66 ataques contra personas trabajadoras de medios de comunicación y periodistas (23 hombres y 6 mujeres) incluyendo 9 medios. El informe menciona el caso de Carlos Ernesto Choc Chub, periodista q’eqchi’ de Prensa Comunitaria, quien a pesar de haber sido absuelto en septiembre de un supuesto delito mientras cubría manifestaciones de protesta contra la minera de los rusos en Izabal, ha sido de nuevo acusado por la misma empresa. También se destaca el caso de Michelle Mendoza, corresponsal de CNN y otros 6 periodistas que tuvieron que salir del país por amenazas y en cuanto al presidente y fundador de elPeriódico , José Rubén Zamora, el informe señala que “fue detenido en julio tras el allanamiento a su vivienda. Fue ligado a proceso por tráfico de influencias, lavado de dinero y chantaje. El mismo día de la detención fueron allanadas las oficinas del medio de comunicación, con la retención de ocho trabajadoras y trabajadores por más de 16 horas. El ACNUDH ha observado en este caso violaciones del debido proceso, que implica el derecho a la información sobre la naturaleza y cargos de la acusación, a un proceso sin dilaciones indebidas, a la defensa, a un juicio público por un tribunal independiente e imparcial y a la presunción de inocencia. El 30 de noviembre fue la última impresión de elPeriódico.”
Recordemos que durante toda la década de los 80 y parte de los 90 del siglo pasado los gobiernos de Guatemala estuvieron acusados de practicar un patrón sistemático y continuado de violación de los derechos humanos y del derecho humanitario, pues el conflicto armado finalizó hasta diciembre de 1996 gracias a la suscripción de los Acuerdos de Paz logrados con la mediación de Naciones Unidas. No solo la Comisión de Derechos Humanos (ahora Consejo) aprobaba resoluciones anualmente mostrando su preocupación y condenando lo que ocurría en nuestro país, sino que envió relatores especiales (Colville de Culross, Héctor Gros Espiel, Mónica Pinto y Christian Tomuschat) para investigar las atrocidades y crímenes de guerra que se estaban cometiendo contra la población civil. Por eso ahora, dado que no parece que sea ninguna casualidad que a la par del desmantelamiento de la institucionalidad de la paz (COPREDEH y SEPAZ principalmente) y de la cooptación de las instituciones del Estado (ha desaparecido la independencia de poderes y tanto el MP como la CC, la PDH, el TSE y la misma USAC se encuentran en tal situación) el gobierno se embarca en la persecución y criminalización de operadores independientes de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas como lo constata el informe del ACNUDH. De modo que es cuestión de preguntarse si el gobierno actual no se encamina, de nuevo, a que lo sienten en el banquillo de los acusados en Ginebra.
Que la independencia de poderes ha sido gravemente perjudicada con estas políticas represivas contra funcionarios independientes y honorables es algo a lo que también se refiere el informe del ACNUDH que pudo documentar “…con mucha preocupación un incremento alarmante del 71.43 %, respecto a las cifras reportadas en 2021, en el número de funcionarias y funcionarios de justicia (19 mujeres y 17 hombres) que recibieron ataques relacionados con sus funciones en casos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos, y contra seis de sus abogadas y abogados defensores (tres mujeres y tres hombres). En marzo, la Jueza de Mayor Riesgo Erika Aifán, renunció a su cargo y abandonó el país tras múltiples denuncias penales y los avances del antejuicio en su contra. Asimismo, el ACNUDH documentó con preocupación las violaciones de los derechos a la libertad y a un juicio justo, relacionadas con las detenciones de cinco exfuncionarias (Aliss Morán, Paola Escobar, Siomara Sosa, Samari Gómez y Virginia Laparra), un exfuncionario de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (William Racanac) y una abogada defensora (Leily Santizo). El ACNUDH recuerda que los estándares internacionales establecen, entre otros aspectos, que la prisión preventiva debe aplicarse únicamente de manera excepcional”. Asímismo, se cita el caso de Virginia Laparra, ex Jefe de la FECI en Quezaltenango, a quien ya se condenó a 4 años de prisión supuestamente por haber cometido el delito de “abuso de autoridad” así como al hecho que el MP continuó “destituyendo fiscales sin procesos disciplinarios o judiciales “incluídos dos fiscales que habían estado a cargo de casos importantes de corrupción o de justicia transicional” resaltando haber documentado “campañas de difamación y calumnia contra personas funcionarias de justicia en el espacio digital” al igual que “…denuncias penales que parecen no tener elementos que las fundamenten interpuestas por personas investigadas o vinculadas a casos emblemáticos de corrupción” mencionando, por separado, los casos de ataques sufridos por jueces honorables como Miguel Ángel Gálvez (en el exilio) y Pablo Xitumul.
En lo que concierne al Congreso el informe señala que: “Algunos diputados y diputadas del Congreso continuaron promoviendo iniciativas de ley que persiguen extinguir la responsabilidad penal de las personas acusadas y condenadas por la comisión de delitos internacionales cometidos durante el Conflicto Armado Interno, incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos, como la iniciativa de ley 6099, ‘Ley de fortalecimiento para la paz’, en estudio para dictamen”. En lo relativo al espacio democrático y al derecho a promover y proteger los derechos humanos el informe destaca que aunque el propio MP reportó haber recibido 226 denuncias de delitos contra personas defensoras de los derechos humanos (75 activistas y 151 periodistas) sólo habían emitido órdenes de captura en 4 expedientes. Se refieren también al hecho, que la PDH reportó 131 ataques a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y que la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos registró 2,265 agresiones de las cuales 2,143 fueron contra personas (697 mujeres y 1,446 hombres) y 122 contra colectivos. En otro caso paradigmático el párrafo 78 dice textualmente que “En el caso de las defensoras Nanci Sinto y Dulce Archila, se sobreseyeron las causas en su contra debido a que los hechos no encajaban en el tipo penal por el que habían sido acusadas. Sin embargo, una sala de apelaciones dio lugar a los recursos presentados por los querellantes (Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación y el Congreso de la República). En el caso de Nanci Sinto, se ordenó investigar el posible exceso en el uso de la fuerza por parte de la Policía, sin que haya avances.”
En lo concerniente a los pueblos indígenas el informe, entre otros hechos, destaca en sus párrafos 19, 20 y 21 lo siguiente: “Las autoridades k’iche’ de los 48 Cantones de Totonicapán incidieron ante el Congreso de la República con relación a la iniciativa núm. 6076, ‘Ley para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública y del Ejército de Guatemala’, ampliamente cuestionada, incluso por un grupo de Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por poner en riesgo el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. Posteriormente, el Congreso decidió suspender la discusión de esta iniciativa. En mayo, las manifestaciones pacíficas promovidas por pueblos indígenas evitaron que avanzara la discusión en tercer debate de la iniciativa de ley núm. 5923, ‘Ley para el rescate del patrimonio prehispánico’, así como su aprobación final. Asimismo, en el marco del procedimiento de alerta temprana y acción urgente, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial envió una comunicación al Estado, el 16 de mayo de 2022, donde señalaba sus preocupaciones en torno a la afectación de los derechos de los pueblos indígenas en el caso de que avanzase la aprobación de dicha iniciativa… A pesar de algunos avances, el ACNUDH continuó documentando limitaciones que enfrentaron las autoridades indígenas en el ejercicio de sus funciones comunitarias. En agosto, el Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Cobán (Alta Verapaz) dictó sentencia absolutoria en favor de los guías principales mayas q’eqchi’ de Santa Elena Samanzana II, después de estar ligados a un proceso penal durante dos años por el delito de lesiones graves. Sin embargo, los guías aún enfrentan otras denuncias penales por el proceso de saneamiento de sus tierras y territorios. De otra parte, las autoridades de la alcaldía indígena ixil de Nebaj (Quiché), mediante un amparo provisional otorgado por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Nebaj, lograron que la municipalidad les devolviera sus bienes y pudieron permanecer en su oficina, en el edificio municipal, tras el desalojo realizado de manera forzosa por orden del Juez de Asuntos Municipales de Nebaj en su sede, en septiembre… El ACNUDH observó en la región maya q’eqchi’ en Petén y Alta Verapaz tendencias de intolerancia religiosa extrema y odio contra las personas “aj q’ij’ (guías espirituales) por practicar la espiritualidad maya. En mayo, en la aldea Chichipaté, en El Estor (Izabal), la guía espiritual maya q’eqchi’ Adela Choc Cuz fue acusada de realizar brujería, presuntamente por integrantes del Consejo Comunitario de Desarrollo de la aldea. Ella y su familia fueron agredidos físicamente, amenazados de ser quemados vivos y obligados a desplazarse. En el caso de Domingo Choc Ché, guía espiritual q’eqchi’, que fue quemado vivo en 2020 bajo acusaciones de brujería, la sentencia condenatoria aún no se encuentra firme”.
El informe se refiere también a las reuniones de los representantes de radios comunitarias con entidades estatales para “identificar rutas de implementación de las medidas de reparación emitidas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho de los pueblos indígenas a la libertad de expresión y acceso a radios comunitarias”. Se destaca el hecho que “… las mujeres indígenas han visibilizado, en mayor medida, sus aportes en la preservación de la identidad cultural y formas de vida de los pueblos indígenas, a través de la espiritualidad, el idioma, las artes, los tejidos, la medicina, la alimentación, la conservación de recursos naturales (agua y bosques) y la gestión de los efectos del cambio climático. Estos conocimientos ancestrales indígenas continúan siendo adquiridos de la observación y aplicación práctica cotidiana, donde la participación de las mujeres indígenas como defensoras y autoridades ha sido clave. Sin embargo, las mujeres indígenas que defienden sus derechos enfrentan varios riesgos, entre los que se encuentran la violencia y la criminalización, como en el caso de las mujeres mayas k ́iche ́ de Joyabaj”. Y a propósito de la violencia de género, se mencionan los 502 casos de femicidios del 2022 al igual que la violencia contra mujeres y niñas así como el hecho que “…entre enero y diciembre se reportaron 65,501 embarazos de niñas y adolescentes entre 15 y 19 años y 2,187 en niñas menores de 14 años. El Código Penal de Guatemala tipifica como delito de violación las relaciones sexuales con menores de 14 años en los artículos 173 y 174” pero obviamente no podemos referirnos a todo el contenido del informe. Ojalá que las recomendaciones del mismo sirvan para abrir los ojos de las autoridades y evitar que el gobierno sea sentado de nuevo en el banquillo de los acusados de Ginebra.
