Por Luis Alberto Padilla
Y de colofón se pegan un tiro en el pie. Así serán de torpes. La barbarie que se ve venir con la antidemocrática restauración autoritaria que se ha venido impulsando desde la presidencia del mal recordado Jimmy Morales ha sufrido un tropiezo debido a la “inteligente” maniobra –muy probablemente diseñada por extremistas de derecha colombianos cuyos vasos comunicantes con sus homólogos en Guatemala son ostensibles con el propósito de desprestigiar a don Iván Velásquez, Ministro de Defensa colombiano y excomisionado de CICIG, e impedir que Thelma Aldana se presente de nuevo a las elecciones– ha sido un rotundo fracaso. El escándalo internacional provocado llamó la atención, por ejemplo, del Subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, Brian Nichols, quien dijo que este tipo de acciones “debilitan al Estado de derecho y minan la confianza en el sistema de justicia”. La Unión Europea por medio de su portavoz, Peter Stano, hizo ver su preocupación ante “acciones judiciales contra ex altos cargos de CICIG, FECI, Ministerio Público… (que) prolongan la tendencia de persecución e intimidación contra quienes participan en investigaciones o juicios relacionados con la lucha contra la corrupción”. Naciones Unidas por medio de su vocero en Nueva York, Farhan Daq, aseguró “que el Secretario General está preocupado por los numerosos informes que sugieren que se ejerce la persecución penal contra quienes investigaron casos de corrupción y trabajaron para fortalecer el sistema de justicia en Guatemala”, al tiempo que recuerdan la inmunidad diplomática que el Acuerdo de creación de la CICIG garantiza para sus funcionarios: “It should be noted that the Commission’s international personnel, under the terms of the agreement between the United Nations and the Government of Guatemala regarding the establishment of CICIG, enjoy privileges and immunities, and that their immunity continues notwithstanding that they are no longer in their positions”(Debe notarse que el personal internacional de la Comisión, bajo los términos del acuerdo entre el Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala sobre el establecimiento de CICIG goza de privilegios e inmunidades y que su inmunidad continúa no obstante que ya no se encuentren en ejercicio de sus cargos).
Por su parte el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Volker Türk, expresó su “profunda preocupación por las repetidas y crecientes intimidaciones, hostigamiento y represalias contra funcionarios de justicia y otras personas involucradas en los esfuerzos por combatir la impunidad por violaciones a los derechos humanos o contra quienes trabajaban en caso de lucha contra la corrupción agregando que “Funcionarios de justicia y otras personas implicadas en la lucha contra la impunidad o en procesos anticorrupción han sido investigados, detenidos, acusados e incluso condenados… Además, varios otros han abandonado el país temiendo por su seguridad. Entre 2021 y 2022, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Guatemala documentó un aumento de más del 70 por ciento en el número de funcionarios de justicia que sufren intimidación o se enfrentan a cargos penales por su trabajo en casos de corrupción o de violaciones de derechos humanos…. El 16 de enero de este año, el Jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) anunció órdenes de captura contra tres funcionarios de justicia. Uno fue miembro del personal de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo respaldado por la ONU encargado de investigar y enjuiciar delitos graves en el país. El Gobierno cerró la CICIG en 2019… Estos procesos judiciales y la falta de garantías al debido proceso socavan el estado de derecho en todo el país” pidiendo a las autoridades “que tomen las medidas adecuadas para reforzar y garantizar la independencia del sistema de justicia y proporcionar la protección necesaria a los funcionarios”.
Por supuesto, conviene reiterar que la normativa de Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que establece los lineamientos de la inmunidad para el excomisionado Iván Velásquez hacen que las “investigaciones” u “órdenes de captura” pedidas por Curruchiche sean absurdas e inaplicables. Por ello la reacción del presidente Petro no fue “desmesurada” (como dijo Giammattei) cuando llamó en consultas a su embajadora en Guatemala, ya que era indispensable establecer cuál era el trasfondo político de ese acto inamistoso y absurdo del gobierno guatemalteco. Quien debió actuar con “cordura” y “diplomacia” no permitiendo el desatino cometido por el titular de la FECI fue Giammattei, porque conforme a la Constitución de la República a él le corresponde la conducción de la política exterior del Estado siendo la cancillería quien la ejecuta. Por tal motivo convendría que diputados de las bancadas progresistas en el Congreso de la República interpelen al Canciller pidiendo explicaciones acerca de las razones por las cuales un funcionario del MP no solo pasó por encima del Minex e hizo política exterior sino que puso riesgo las buenas relaciones que tradicionalmente Guatemala ha mantenido con Colombia. Y por cierto, llegados a este punto nos parece pertinente recordar que Colombia tiene inversiones considerables tanto en distribución de energía eléctrica como en el sector bancario y financiero guatemalteco. Además hay que decir que la cobertura de la noticia por los medios internacionales dejó malparado al gobierno. Convendría ver –aunque sea en diferido– la entrevista que Fernando del Rincón le hizo a Thelma Aldana y a Manfredo Marroquín; al igual que las realizadas por la televisión española a Jordán Rodas y Francisco Sandoval; las burlas en la televisión colombiana –la Pulla– y norteamericana –en donde el periodista Jaime Bailey ridiculizó a Curruchiche en su programa televisivo– para darse cuenta de cómo el gobierno terminó convertido en el hazmerreír de los medios de comunicación internacionales.
Por otra parte, es un desatino pretender criminalizar a funcionarios de una instancia de Naciones Unidas y del MP por haber realizado negociaciones para obtener colaboradores eficaces con una empresa como Odebrecht, involucrada en numerosos actos de corrupción no solo en Guatemala sino en América Latina, cuando este tipo de negociaciones son absolutamente normales en todo proceso judicial de carácter penal. Por eso lo que habría que investigar como “hechos” son las imputaciones que en su momento se hicieron a Alejandro Sinibaldi y a Manuel Baldizón a quienes se ha beneficiado con arresto domiciliario (Baldizón y muy probablemente pronto obtendrá Sinibaldi) haciendo evidente el contubernio entre Curruchiche y estos dos personajes corruptos. Seamos claros: la participación de ambos individuos en los sobornos de Odebrecht (recordemos el “papelito shuco” como lo llamó Sinibaldi) son los hechos que el MP debería estar investigando, no la patraña inventada por la fiscalía especial. Y decimos que se trata de un montaje absolutamente inventado porque es el mismo patrón de “guerra legal” (lawfare) que se ha venido llevando a cabo contra operadores de justicia como Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval o Virginia Laparra; jueces honorables e independientes como Miguel Ángel Gálvez o Erika Aifán; periodistas como José Rubén Zamora o políticos como el candidato a la alcaldía Juan Francisco Solórzano Foppa y el exprocurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, que ya es víctima de una de estas triquiñuelas por su sucesor al frente de la PDH. Y lo anterior sólo por citar algunos nombres de las numerosas personas honorables que están siendo perseguidas, se encuentran en el exilio, han sido llevadas a prisión, o bien que se busca evitar que participen en los próximos comicios. Todo lo anterior permite concluir que lo que realmente está en riesgo es ese tercer intento, iniciado en 1985, de establecer un sistema político democrático en Guatemala. El retroceso autoritario es evidente en todos los ámbitos como hemos visto en anteriores artículos, razón por la cual lo que ahora se impone a toda la ciudadanía honesta de este país es la defensa de la democracia frente a la ominosa barbarie que el pacto de corrupto perfila de nuevo en el horizonte político nacional.
