Por Luis Alberto Padilla
El “golpe técnico” dado por el pacto de corruptos para imponer al rector de la Usac impidiendo el triunfo de los candidatos opositores – al vedar el ingreso de sus cuerpos electorales al Parque de la Industria ante la imposibilidad de hacerlo en las instalaciones universitarias – y bajo el resguardo de la PNC lo cual evidencia no sólo el contubernio de Mazariegos y su gente con el gobierno, sino también un vergonzoso atropello a la autonomía universitaria – es algo nulo ipso-jure por violación de la propia normativa interna que prescribe la elección del rector, no su nombramiento. En consecuencia, si lo que hubo fue un nombramiento – algo señalado por periodistas como Mario Antonio Sandoval, nada sospechoso de ser “de izquierdas” – y si además la Sala Quinta violentó la ley orgánica de la Universidad al ordenar que participaran solo 27 de los 34 cuerpos electorales, lo que permitió el nombramiento del candidato de los corruptos, entonces es evidente la nulidad del proceso que debió repetirse. Sin embargo, como es poco probable que los aterrorizados (por Fundaterror) y perseguidos jueces (o magistrados) declaren dicha nulidad, la universidad pública se expone a tener un rector obsecuente con las directrices marcadas por el Ejecutivo (como en los peores tiempos de Ubico y de Estrada Cabrera) que deberá enfrentar no solo su propia ilegalidad e ilegitimidad sino la consecuente ingobernabilidad en que ha caído nuestra máxima institución académica (“Nueve facultades cuestionan la elección y desconocen a Mazariegos como rector” dice una nota de prensa). Tanto la autonomía como la democracia universitaria no solo han sido violadas sino también eliminadas, de facto. De golpe y porrazo. Y, simbólicamente, ambos nombramientos (en la Usac y en el MP) también ponen fin al tercer intento de la sociedad guatemalteca – iniciado con la Constitución del 85 – por establecer la democracia, pues los otros dos se remontan a la República Federal de Centroamérica y al período 44-54 de Arévalo y Árbenz.
En efecto, tanto el nombramiento de la plagiaria e impresentable Porras como la persecución de periodistas opositores (ver las denuncias de José Rubén Zamora en El Periódico) y de los pocos jueces honorables que van quedando en ejercicio – como Miguel Ángel Gálvez –, la prolongación del mandato de la CSJ en abierta violación de lo que establece la Constitución; con una CC, un MP y un TSE cooptados por el Ejecutivo, todo esto hacen ver muy lejos los años cuando abogados honorables y de renombre – como Edmundo Vásquez Martínez o Gabriel Medrano presidieron la CSJ, Jorge Mario García Laguardia fue PDH o Epaminondas González y Arturo Herbruger estaban al frente de la CC y del TSE – tiempos que no volverán porque los corruptos se han propuesto restaurar el autoritarismo pre-1985, con la diferencia que no será una institución (el ejército) ni un caudillo quienes gobiernen, pues en su lugar – si la ciudadanía de éste país se los permite – reinará el poder económico en alianza con el crimen organizado.
Pero muerta la democracia ¡viva la democracia! Hay que refundar el Estado y como dice bien un editorial reciente del periódico digital La Gazeta, hay que prepararse ante los próximos comicios ampliando “el abanico de articulaciones”, ya que es vital que se elaboren propuestas programáticas para concertar alianzas que vayan más allá de las opciones tradicionales “rompiendo con purismos, sectarismos y vanguardismos” a fin de construir un proyecto nacional en el cual las propuestas específicas, tanto locales como sectoriales, “lleguen al Legislativo abanderadas por sus respectivos representantes” dado que “la suma de todas las fuerzas en un proyecto único para el Ejecutivo es indispensable”. Por supuesto, el entendido alrededor del cual deberían articularse las propuestas va en la dirección de la refundación del Estado, cosa que sólo puede hacerse convocando una Asamblea Constituyente Plurinacional. Y los temas fundamentales tales como el procedimiento para substituir (o reorganizar) las comisiones de postulación que lleva implícita la reforma del sistema de justicia incluyendo el tema del pluralismo jurídico; la disminución del número de diputados al Congreso de la República asegurando que quienes sean electos sean verdaderos representantes de los cuatro pueblos que integran la nación guatemalteca, terminando con la exclusión y el racismo estructural; las autonomías regionales; la transformación del sistema económico para que sea el Buen Vivir (y no la búsqueda del enriquecimiento personal causante de la corrupción) el que guíe la realización del bien común y un largo etcétera deberían ser conversados y negociados previamente para que “no nos agarre el dedo la puerta”.
Finalmente, pero no lo menos importante, que el Departamento de Estado haya reaccionado enérgicamente señalando que volver a nombrar a Porras “mina profundamente la confianza en el compromiso del gobierno guatemalteco para combatir la corrupción y fortalecer el Estado de Derecho” pues dicha señora ha sido designada como “un actor corrupto bajo el 7031c TDR” mientras que el propio Secretario de Estado, Antony Blinken subraya que este nombramiento “socava la democracia guatemalteca” reiterando el compromiso del gobierno norteamericano para apoyar a quienes exigen rendición de cuentas, transparencia y respeto al Estado de Derecho, es una señal muy significativa de la tormenta que se le viene a Giammattei y al CACIF con nuestro poderoso vecino. No sería de extrañar que, dado que Guatemala está siguiendo el guion de Daniel Ortega y que seguramente el pacto de corruptos prepara la exclusión de opositores en las elecciones de 2023 así como el ataque “legal” a las organizaciones de la sociedad civil y a la prensa independiente en los próximos meses, Estados Unidos considere aplicar sanciones económicas directamente a las élites cuyos intereses han hecho simbiosis con los intereses de actores políticos (cuyo modus vivendi era el que estaba siendo desbaratado por la CICIG), o sea con esos “grupos emergentes… cuya acumulación era producto del patrimonialismo, procesados por corrupción, grupos del crimen organizado, además de miles de particulares con algún esqueleto oculto” como dice Philip Chicola en su análisis (parte X) de la relación entre las élites con poder económico y el poder político que ha venido publicando en El Periódico. Pero aunque el contexto internacional siga siendo importante, no debemos olvidar que lo fundamental es que los guatemaltecos cobremos consciencia que al violar la Constitución el gobierno propicia la organización destinada a la legítima resistencia para la protección y defensa de los derechos consignados en ella – conforme a lo establecido en su artículo 45 – y que por tanto, preparar la refundación del Estado así como el restablecimiento de la democracia y del Estado de Derecho forman parte de esa legítima resistencia.
