Por Luis Alberto Padilla
Alejandro Maldonado Aguirre es uno de los más sólidos intelectuales orgánicos de la derecha liberal guatemalteca. Ha sido dirigente político y es uno de los pocos personajes a quienes se les podría considerar estadistas en este país. Desde su juventud, cuando fue Ministro de Educación, hasta su madurez ha ocupado cargos de gran importancia en el aparato institucional del Estado: embajador ante Naciones Unidas en Ginebra y Nueva York, en México, Canciller, magistrado y presidente de la Corte de Constitucionalidad, Vicepresidente y Presidente de la República etc., o sea que cuando él sugiere alguna idea para tratar de resolver la terrible crisis política en que se encuentra el país, lo menos que se puede decir es que habría que prestarle atención.
Y aunque a quien se dirige en su artículo del domingo pasado en la sección de opinión de elPeriódico sea a otro de los notables intelectuales orgánicos de esa misma derecha liberal (Armando de la Torre, el gran gurú de la UFM) convendría admitir que esta consulta acerca del nombramiento del Fiscal General De República debería ser atendida también por cualquier persona preocupada por lo que está ocurriendo dado que, al fin y al cabo, todos somos ciudadanos de esta atribulada nación y este asunto es realmente de gran importancia. Por ello, frente a la duda de si dentro de los seis aspirantes al cargo el presidente Giammattei se decidirá por alguien que sea leal a la Constitución o, por el contrario, alguien sumiso a sus intereses, Maldonado recomienda al Presidente que se atenga a un “protocolo de orden testimonial, abierto y público” que ofrezca garantía de que no ha habido negociaciones turbias bajo la mesa, recomendaciones de amigos, coincidencias ideológicas o factores de índole subjetiva invitando “a directores de medios periodísticos de todo color a presenciar un sorteo extrayendo balotas de una tómbola: una por cada uno de los seleccionados por la Comisión Postulantes… en el entendido que cada nombre se identificará por un número: la última en ser extraída correspondería al designado”, procedimiento que no se opone ni a la Constitución ni a la ley, pues habría que decir que es una buena idea, pues –como se pregunta Maldonado– si lo único que puede suceder con tal “sugerencia” es que el o la fiscal deba su cargo a la “Providencia” y no al favor ni al compromiso con nadie pues, efectivamente, esta es una buena manera para evitar que la crisis actual se vea agravada, dado el rechazo de la ciudadanía a la orden de la CC para incluir dentro de los candidatos al cargo a la impresentable señora que ha funcionado muy bien como consuelo del gobernante, pero muy mal para los intereses de la nación.
Por supuesto, damos por entendido que –aún proviniendo de tan encumbrado y conspicuo personaje– el presidente Giammattei no atenderá semejante “sugerencia”, pero esto no significa que los sectores populares, los pueblos originarios, los intelectuales (orgánicos o no) de la izquierda democrática o del centro derecha liberal, los dirigentes políticos honestos, los académicos, estudiantes, trabajadores y en términos generales cualquier ciudadano honesto de este país no consideren que la idea puede ser útil en el mediano plazo, sobre todo si partimos de la base que la aspiración a un cambio político que se traduzca en una nueva Constitución, incluyente de los pueblos originarios (y por ello plurinacional) es insoslayable en el futuro próximo y por ello deberá ser atendida quien resulte electo en el 2023 –siempre que no pertenezca al pacto de corruptos– y llevada los debates que deberán realizarse cuando dicha asamblea se haga realidad.
Efectivamente, y aunque dentro de las propuestas de los pueblos originarios hayan cosas de mayor importancia –como sustituir el afán de enriquecimiento personal por el buen Vivir como objetivo de vida, o privilegiar la defensa de los derechos de la Madre Tierra frente al extractivismo económico y a la depredación salvaje de nuestros recursos naturales debido a la ideología neoliberal prevaleciente o bien la garantía de autonomía local para las comunidades– también la asamblea constituyente tendrá que discutir, necesariamente, cual es la fórmula más apropiada para el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones o Fiscal General de la República. Suprimir las Comisiones de Postulación retornando al nombramiento de magistrados por el Congreso o del jefe del MP por el presidente del Ejecutivo no resolverá el problema. Mantener las comisiones exigiendo –en una nueva normativa legal –que los puntos que se obtengan en la calificación de cada aspirante sean uno de los criterios a tomar en cuenta para la selección de los seis candidatos, al mismo tiempo que se obliga a los comisionados a tomar en cuenta las tachas o todos aquellos aspectos éticos que, al denunciarse, constituyen indicio de deshonestidad o falta de honorabilidad (como el plagio de tesis), estableciendo la obligación de desvanecer dichos señalamientos bajo pena de exclusión de la nómina final, es algo que puede contribuir a resolver el problema, al igual que establecer en ley que el procedimiento mediante el cual el Presidente de la República seleccione al nuevo fiscal sea por sorteo, dándole así un feliz destino a la sugerencia de don Alejandro.
Naturalmente, la futura asamblea constituyente también deberá abordar, en su momento, la formulación de normas constitucionales que deberían garantizar que una nueva ley electoral permita elegir diputados que realmente representen a la ciudadanía eliminando el procedimiento de planillas presentadas por los partidos y reduciendo el número de legisladores a un máximo de ochenta, reservar exclusivamente para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia la elección en el seno del Congreso de modo que a las Salas de Apelaciones se llegue conforme a procedimientos meritocráticos en el marco de la carrera judicial, eliminar normas como la que prohíbe al Banco de Guatemala dar crédito al Estado, etc. pero esto será objeto de reflexión en futuros artículos.
