Por Luis Alberto Padilla
La semana pasada escribí acerca de la necesidad de un frente amplio de la ciudadanía honesta si queremos derrotar al pacto de corruptos en las próximas elecciones del 2023. Sin embargo, en columna reciente Gonzalo Asturias Montenegro sostiene, textualmente, que “pensar que dentro del actual sistema político pueda haber una solución es una estupidez. Pensar que en las urnas se les puede ganar el pulso al narcotráfico, crimen organizado y a los corruptos es una estupidez… para acceder al poder ahora es necesario pactar con el diablo previamente”. La gravedad de las constataciones a las que, en investigaciones coincidentes pero llevadas a cabo en forma separada, llegaron CNN y El Faro en el caso de los 122 millones encontrados en la casa de Antigua del exministro Benito – algo que motivó el despido fulminante de Juan Francisco Sandoval al frente de la FECI– parecerían confirmar lo dicho por Asturias, porque entregar el poder como resultado de un triunfo electoral de la gente decente sería suicida para el pacto de corruptos. Como dijo el exembajador MacFarland en su entrevista con Fernando del Rincón (según nota de CNN del 18 de febrero) “El exembajador de EE. UU. en Guatemala Stephen G. MacFarland hace un llamado a los guatemaltecos a concientizar sobre la realidad de su país que, según su punto de vista, está peor que Honduras. MacFarland lanza un aviso alarmante de que Guatemala avanza hacia a un Estado más dictatorial y sin justicia”. Y esto a pesar de que en la vecina Honduras – gracias a la presión de Washington como lo demostró la presencia de la vicepresidenta Kamala Harris – a JOH y a sus secuaces no les quedó más remedio que entregar el gobierno a Xiomara Castro. Y JOH ahora se encuentra en camino de ser juzgado en Estados Unidos como le sucedió a su hermano, condenado a cadena perpetua en ese país.
No obstante, aunque la necesidad de un cambio del sistema político es evidente, debemos recordar que ello sólo puede lograrse cambiando la Constitución de la República. En la misma edición de elPeriódico Helmer Velásquez nos dice que la solución frente a la inutilidad “del clan perverso” que nos mal gobierna le corresponde al “soberano ausente”. Efectivamente, conforme al artículo 141 de la Constitución “la soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los mismos, es prohibida”. De modo que, a partir del momento que el pacto de corruptos decidió violar el citado artículo constitucional subordinando entre sí a los poderes del Estado y desconociendo su independencia, se abrió la puerta a la resistencia popular establecida por el artículo 45 constitucional cuando señala que “es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”. Es pues nada menos que la legítima defensa de la democracia y del Estado de Derecho lo que se encuentra en juego en los próximos comicios.
¿Pero cómo llevar a cabo esa legítima resistencia en forma pacífica? Seguimos pensando que un Frente Amplio con un liderazgo comprometido con el cambio del sistema político – es decir con la convocatoria a una Asamblea Nacional Contituyente como lo han venido demandando reiteradamente las organizaciones de los pueblos originarios de este país, como CPO o Waquib’ Kej entre otras – es fundamental. Hay todavía tiempo para llevar a cabo las difíciles negociaciones políticas que esto requiere: 1) por una parte entre los propios pueblos originarios y sus organizaciones que deberían estar en condiciones de hacer una propuesta unificada; 2) por otro lado entre los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil de la ciudadanía honesta, incluyendo aquí a liberales demócratas así como a empresarios comprometidos con el cambio como quienes se ubican en el Consejo Nacional Empresarial (CNE) y 3) en una tercera fase entre abrir una “acción comunicativa” – como la llama Habermas – para llegar a acuerdos de consenso entre estos dos grandes sectores políticos.
Esta sería, a nuestro juicio, la fórmula más apropiada para darle una orientación correcta al quehacer político nacional en los próximos meses. Defender a los jueces independientes y honorables, hacer lo que que sea posible para que las comisiones de postulación ni siquiera consideren la reelección de la señora Porras, tratar de que el Congreso elija a un buen Procurador de los Derechos Humanos, oponerse a reformas de la LEPP que sean contrarias al fortalecimiento de la democracia representativa etc. todo ello es importante, sin lugar a dudas. Pero lo fundamental es el cambio de sistema como dice el colega Asturias, lo cual implica, en el horizonte del mediano plazo, una Asamblea Nacional Constituyente.
