En 1982, sin Constitución Política y viviendo bajo las disposiciones de un jefe de Estado, fueron creados tribunales de fuero especial cuya característica era el absoluto secreto. La Constitución Política, emitida años después, puso especial énfasis en ordenar que son públicos todos los actos de la administración y que los interesados (no dice las partes sino los interesados) pueden obtener, ‘’en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencialidad”.
Como viene ocurriendo hace ya buen tiempo, la Constitución en el país es violada de forma sistemática por quienes debieran ser garantes de su cumplimiento. La Presidencia del OJ dictó ayer una disposición (en el marco ridículo de un Pacto Colectivo), prohibiendo a jueces y empleados del sistema de justicia que den a los medios información relacionada con los casos que tramitan, lo cual viola, además, el artículo 35 de la misma Constitución que dice que es libre el acceso a todas las fuentes de información y ninguna autoridad podrá restringir ese derecho.
Hace poco sostuvieron, y por ello iniciaron proceso a varios periodistas, que criticar a operadores de justicia sí puede ser delito, aunque la Carta Magna diga lo contrario, estableciendo así un fuero especial para jueces, magistrados y fiscales, quienes estarían al margen de lo que dice la Constitución respecto a que no es delito ni falta criticar cualquier funcionario.
Es impresionante la forma en que están pisoteando la Constitución, actuación que están seguros será avalada por la actual Corte de Constitucionalidad que anda la misma jugada y persiguiendo los mismos fines de burda ruptura del Estado de Derecho.
Los jueces, magistrados, fiscales y empleados del OJ no podrán dar información a la prensa de ningún caso que estén tramitando, lo que vuelve esos procesos en secretos, tal y como eran todos los que diligenciaron los Tribunales de Fuero Especial que hasta dictaron condenas a muerte sin molestarse en transparentar la forma en que se llegó a dictar la sentencia o las pruebas que fueron evaluadas.
Nada puede ya sorprendernos del comportamiento de las autoridades puesto que si de manera burda, descarada y cínica violan la Constitución, vulnerando derechos que la misma Ley Fundamental considera como inviolables, qué se puede esperar. No sólo actúan en el marco de una prórroga ilegal de su mandato, sino además cometiendo tropelías que destruyen, por completo, la esencia misma del Orden Constitucional.
