Al analizar las reformas que trató de introducir en Israel el Primer Ministro, Benjamin Netanyahu, para poner el sistema de justicia en manos de los políticos, no podemos pasar por alto que, así como aquí hay quienes quieren imitar el modelo de Bukele, en otros países están tratando de imitar el modelo guatemalteco. En efecto, así como aquí los políticos (o quienes se hacen llamar así) tienen el control absoluto de las instituciones de justicia, las reformas propuestas en el Estado Judío apuntan exactamente a repetir el modelo y las causas son las mismas; tras una investigación penal a Netanyahu, este quiere acabar con esa independencia judicial.
La gran diferencia, sin embargo, está en la reacción del pueblo judío, ese que está acostumbrando a sufrir todo tipo de opresiones y desgracias, pero cuya juventud tuvo la entereza de plantarse ante los desmanes del gobierno y obligó al Primer Ministro a recular en sus oprobiosas pretensiones. Vigorosas jornadas de manifestación en repudio a la iniciativa para acabar con la independencia del sistema de justicia, hicieron detener una propuesta aberrante que, como decimos, pretendía exactamente replicar lo ocurrido en Guatemala luego de investigaciones penales que llevaron a la cárcel hasta al entonces Presidente de la República y su Vicepresidenta.
Desafortunadamente, el tono de la política en el mundo está cada vez más apartado de las viejas intenciones de trabajar por el bien común y al servicio de los intereses de la población; el aprovechamiento del poder para beneficios personales es algo que se ha generalizado, aun en países de muy larga tradición democrática. Pero todavía quedan algunos pueblos con suficiente dignidad para rechazar los abusos extremos que se tratan de cometer en temas cruciales como es la correcta administración de una justicia independiente y ajena de esos malsanos intereses políticos.
El pueblo de Israel, ese del que tanto nos habla la Biblia, supo calibrar en su justa dimensión lo que significa esa copia del modelo guatemalteco que intenta someter a los juzgadores a los caprichos de los políticos para que los deje operar a sus anchas sin andarse metiendo en los asuntos que son la prioridad de la nueva clase política. Y al plantarse, con manifestaciones que mostraron el repudio al abuso que se pretendía cometer desde el Parlamento, logró defender un elemento fundamental para cualquier sociedad, como lo es el verdadero e independiente imperio de la ley.
Aquí, no contentos con haber destruido el Estado de Derecho, no hay candidatos que siquiera hablen de rescatarlo y las huestes que participan se inspiran en la impunidad ya consolidada.