Tal y como vienen sucediendo las cosas en el campo de la administración de justicia en el país, se puede afirmar que la ruta de los amparos que presentan aquellos que han sido excluidos de la contienda electoral por el Tribunal Supremo serán sistemáticamente rechazados en todas las instancias. El camino legal que tienen los candidatos marginados es apelar ante el TSE la resolución del Registro de Ciudadanos, luego presentar amparo ante la Corte Suprema de Justicia y, en última instancia, recurrir por la misma vía ante la Corte de Constitucionalidad.
En la situación actual es evidente que existe una línea clara y coordinada para tomar las decisiones y las mismas tienen ya marcada su ruta porque no fueron adoptadas a la brava, sino respondiendo a los intereses que privan en medio del sistema cooptado que existe en Guatemala. No es por casualidad que se hable tanto de la aniquilación del Estado de Derecho porque se ha visto que esa ruta, la que está marcada, favorece a todos los que fueron señalados por graves actos de corrupción y se van con todo contra aquellos que, de una u otra manera, cuestionan al sistema.
Cuando existe Estado de Derecho pueden darse fallos erróneos o que no correspondan al espíritu y/o la letra de la ley, porque siendo humanos quienes tienen la responsabilidad de dictarlos, la probabilidad de error siempre existe. Pero es diferente cuando se produce una confabulación para usar los instrumentos legales con tres fines determinados: alentar la corrupción, garantizar la impunidad y acosar a los que no se someten a la “majestad” de ese nuevo orden.
Es penoso decirlo, pero es ingenuo quien crea que por la vía del Amparo se van a restablecer derechos que fueron arbitrariamente vulnerados por la camarilla que ejerce el poder. Todo responde a un plan y ni siquiera hay intentos por disimularlo, razón por la cual vemos esa burda utilización de doble rasero que confirma la ausencia de respeto a las normas y a las garantías de cada uno de los ciudadanos.
Y si vemos la situación en perspectiva, los diseñadores del plan de captura de todas las instituciones se han salido con la suya porque operan en medio de la absoluta indiferencia y apatía de los ciudadanos que se desentienden de lo que está ocurriendo y se abstienen de siquiera detenerse un momento para analizar la situación y a dónde nos puede llevar. Así las cosas, para la CC que tendrá la última palabra, no será difícil, mucho menos problema, consumar la aplicación de ese doble rasero.
