Desde su creación, en los lejanos tiempos de la Presidencia del doctor Juan José Arévalo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ha venido prestando sus servicios a millones de trabajadores en el país, extendiendo sus coberturas no solo como un complemento del sistema nacional de salud, sino proporcionando pensiones que alivian, en mucho, al adulto mayor. Como con todo servicio público hay quejas en cuanto a la eficiencia, pero en términos generales, como se pudo ver con la etapa aguda de la pandemia, el IGSS fue un auténtico consuelo para muchos afiliados.
Expandir la seguridad social no es para nada cuestionable, pero debe lograrse en un contexto de mayor eficiencia y evitando que para la pequeña empresa se convierta en una carga imposible de soportar. Sobre todo tomando en cuenta que, como bien explicó ayer la Cámara de Comercio, al Estado, como patrono, se le perdona una deuda de más de 60,000 millones de quetzales que corresponden a la cuota patronal que debiera pagar por la cobertura que el IGSS brinda a todos los empleados públicos.
La nueva normativa obliga a inscribirse en el IGSS a cualquier empresa o negocio, aunque tenga un solo empleado y se ha establecido una programación para realizarlo. Creemos firmemente en la formalización de la economía, lo cual significa mucho, tanto para el futuro del país, de las empresas y del mercado laboral. Pero consideramos necesario adelantar más en ese proceso que, con el tiempo llevaría de forma masiva a muchos a formar parte de la seguridad social.
Hay ejemplos interesantes en América Latina sobre cómo se puede ir combatiendo la economía informal que, ahora, seguiría ajena al plan de expansión de cobertura que busca el Seguro Social, porque mientras las empresas no estén registradas, no solo no tributan sino que tampoco tienen que pagar cuotas patronales. La formalización de la economía pasa por una serie de estímulos que la hagan atractiva y útil, situación a la que no ayuda esta nueva exigencia del régimen de seguridad social en Guatemala.
Coincidimos con la Cámara de Comercio en que el primer y más importante paso es equiparar el Estado al resto de patronos, haciendo que pague su cuota y asuma su deuda. Si en vez de dilapidar el dinero en corrupción se usara para cumplir con la obligación estatal ante el IGSS se le daría tremenda solidez al régimen para implementar mayor cobertura y mejores beneficios a los afiliados. Las instituciones públicas deben ser ejemplo de cumplimiento de sus obligaciones y no patrón a imitar en la burla a la ley.
