Empezando por la forma en que se habló selectivamente del tema de la campaña anticipada, haciéndose de la vista gorda de los evidentes actos de proselitismo realizados por el oficialismo y su Jefe de Jefes, es obvio que la confianza en la autoridad electoral de Guatemala ha mermado considerablemente. Lejos están aquellos años en los que, recién constituido, el Tribunal Supremo Electoral fue integrado con lo más notable del gremio de abogados y dirigió el proceso de elección de la Asamblea Constituyente con toda la autoridad moral que podía alcanzarse en un país tan acostumbrado a los fraudes electorales.
Por mucho, el actual TSE es el menos prestigioso de la historia y el cuestionamiento a las credenciales de sus integrantes, incluyendo el tema de los grados académicos, marcó desde el inicio el rumbo que cada día más la opinión pública va confirmando con hechos y no con suposiciones. Las últimas decisiones del Tribunal Supremo Electoral demuestran y confirman la existencia de un doble rasero que impide la correcta aplicación de la ley que significa, sin titubeos, el trato parejo para todos; en cambio, lo que vemos es privilegios, protección y encubrimiento para unos y la draconiana actitud para otros.
Cuando se ha hablado de la cooptación completa de la institucionalidad del Estado se viene confirmando con hechos claros y concretos. El trato preferente en los tribunales para algunos de los sindicados de corrupción y la desidia en la investigación de nuevos trinquetes contrasta con la forma en que se persigue y acosa a los que de una u otra manera fueron actores del período épico de la lucha contra el saqueo de los recursos públicos. Hasta el deporte fue objeto de la codicia, no porque allí no hubiera corrupción, sino porque por ser tan jugosa llamó la atención y despertó el interés de quienes no dejan pasar ninguna oportunidad.
No creo que nadie que haya dado seguimiento a lo que ocurre en Guatemala pueda mostrarse sorprendido por lo que está ocurriendo, por mucho que se estén ya volando la barda. Y la gente va entendiendo que si así se maneja la inscripción de los candidatos, sin rubor ni vergüenza por el manejo descarado de la situación, nadie puede hacerse ilusiones de que el tema concreto del conteo de los votos va a realizarse con honestidad cristalina.
En otras palabras, el proceso democrático del país parece haber llegado a su fin mediante la sofisticada planificación de esa total captura de todas las instituciones. Y si en los años setenta el fraude electoral era ya una norma generalmente aceptada, ahora estamos en idéntica situación. Entonces todo mundo sabía que la autoridad electoral estaba allí, no para garantizar la pureza del proceso y validez del sufragio, sino para hacer micos y pericos para que el militar propuesto por el sistema “resultara electo” a como diera lugar.
La creación del TSE fue quizá lo mejor que se hizo en el gobierno de facto de Mejía Víctores, quien tomó la propuesta del Consejo de Estado, que él mismo disolvió, y le dio vida para que dirigiera la elección de la Constituyente. Pero ese prestigio desapareció antes de que el tribunal cumpliera cuarenta años.
