La negociación entre Puerto Quetzal y la empresa holandesa APM Terminals, heredera de los derechos que los Pérez Maura de la Terminal de Contenedores de Barcelona obtuvieron mediante soborno, se viene realizando en el más absoluto silencio, tal y como se manejaron las cosas entre Pérez Molina y Pérez Maura cuando se creó la Terminal de Contenedores Quetzal. Y como árbol que nace torcido jamás se endereza, no podemos pensar que entre los holandeses que compraron los derechos, luego de que se había hecho público el escándalo, haya mínimos de rubor para ejecutar nuevamente una negociación al estilo de las que caracterizan la existencia de ese trinquete.
El caso de la Terminal de Contenedores Quetzal fue uno de los tantos que surgieron durante las investigaciones contra la corrupción y es curioso que luego del destape, los Pérez Maura hayan sido perseguidos en España, mientras que aquí ese caso ha sido prácticamente silenciado luego de las maniobras que hizo la empresa holandesa que supo tener acercamientos importantes para evitar que se les pudiera expropiar por el simple y sencillo hecho de que todo fue resultado de un escandaloso soborno.
Ahora es el gobierno de Alejandro Giammattei el que realiza la operación y ya sabemos qué significa eso en términos de transparencia, no digamos de honestidad y de velar por los intereses de Guatemala y de sus habitantes. Así como Giammattei dice que el negocio de la autopista a Puerto Quetzal, ya concesionado, va porque va, lo mismo ocurre con el negocio de la Terminal de Contenedores Quetzal, entidad que ya opera bajo el control de las autoridades portuarias locales y que es parte de los grandes atascos que se dan con cierto tipo de mercadería.
Si Puerto Quetzal puede hacer contratos de arrendamiento cuando debió concesionar el negocio de los remolcadores, ya podemos suponer qué maniobras harán para el negocio con ATM Terminals, empresa que aquí, en Guatemala, no mostró nunca ese elevado nivel de decencia que se supone debieran tener las multinacionales de ese calibre, porque supo negociar para terminar consagrando como derecho real, lo obtenido mediante un soborno entregado directamente al entonces Presidente de la República.
Una funcionaria de ATM Terminals nos reconoció, en una reunión con ejecutivos de La Hora, el podrido origen de la negociación, aunque dijo que ellos no la percibieron cuando hicieron el “due dilingence”, tesis que sin duda alguien de los que investigaban el trinquete se terminó tragando inexplicablemente. Lo triste es que por torcido que sea el árbol, sigue y seguirá dando abundantes frutos.
