Creemos que todos somos iguales ante la ley y tenemos que responder por nuestros actos si se hizo algo incorrecto; también entendemos que la investigación penal corresponde al Ministerio Público que debe ocuparse del análisis de aquellos casos que puedan derivar en un proceso por infracción de la ley. Por ello es que siempre hemos dicho que ni en el MP ni en los tribunales debe haber sesgo, es decir inclinación parcial a favor o en contra de alguien y justamente eso es lo que está sucediendo desde hace algún tiempo en el país.
El caso más reciente, que ha generado una crisis diplomática por la investigación a Iván Velásquez, ministro de Defensa de Colombia, las cosas han llegado a situaciones preocupantes, al punto que Giammattei se refirió a su colega colombiano como guerrillero, aunque inmediatamente dijo que las diferencias debieran resolverse por la vía diplomática. Pero sin duda que la tensión existe y persistirá porque conforme se van sabiendo más detalles se pueden apreciar situaciones que, por lo menos, generan duda a cualquier observador.
Los acuerdos de colaboración eficaz en el caso Odebrecht, que fueron descartados recientemente a petición del MP, fueron autorizados y reconocidos por un tribunal guatemalteco y avalado por el entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y las órdenes de captura en el caso que involucra la investigación a Iván Velásquez fueron autorizadas por una juzgadora que, en su momento, fue señalada por la misma CICIG y el MP por el delito de lavado de dinero, investigación que fue clausurada por una resolución de la Corte de Constitucionalidad que la amparó.
Por elemental sentido de decoro, un caso en el que estaban señalando a quienes accionaron en contra de la juzgadora acusándola de lavado de dinero, no debió ser conocido por esa funcionaria judicial que debió, en todo caso, excusarse por interés personal en el asunto. Creemos de elemental sentido común, no digamos de elemental decencia, evitar las naturales suspicacias que surgen cuando se ve la marcha de las diligencias y que las mismas fueron autorizadas, precisamente, por quien en su momento fue objeto de señalamientos por la Comisión Internacional Contra la Impunidad y el Ministerio Público y se ha ordenado la captura de la exfiscal general y de quien fuera mandatario judicial de la CICIG, David Gaitán.
Sabiendo cómo se han enterrado los casos de corrupción, entre ellos el de la alfombra, y viendo la forma de “investigar” este nuevo proceso no puede dejar de verse un sesgo que compromete a la justicia.
