Hoy publicamos la opinión de abogados sobre el controvertido fallo del caso La Línea en el que Pérez Molina y Baldetti fueron condenados por los delitos de asociación ilícita y defraudación aduanera, pero exculpados del de enriquecimiento ilícito. El mismo Pérez Molina advirtió el contrasentido diciendo que para qué iban a asociarse para defraudar si no hubo enriquecimiento ni beneficio personal. Dos de los analistas dicen que esa contradicción pone en riesgo todo, pues será la piedra angular de la impugnación que se viene. Otro, en cambio, dice que no es así porque se trata de figuras delictivas diferentes y que simplemente no se demostró el enriquecimiento con las declaraciones patrimoniales.
Nosotros vemos un fallo malicioso que se usa no sólo para atacar el trabajo de investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, como lo hizo frontalmente la presidenta del Tribunal, sino que además deja la mesa servida para que la Sala de Apelaciones que conozca del recurso, electa como resultados de los arreglos entre los partidos Patriota y Lider, termine exonerando del todo a ambos. Es importante señalar el entorno en el que se producirá la segura impugnación del fallo puesto que no será objeto de un análisis jurídico per se y debemos recordar la manera en que aceleradamente se han ido cerrando todos los casos de corrupción.
Aún si existiera un sólido sistema jurídico en el Organismo Judicial, la ausencia del enriquecimiento ilícito deja abierta una enorme puerta para cuestionar por qué se iba a producir la defraudación aduanera y la asociación ilícita, involucrando a las dos personas más poderosas del país en ese momento. Pero con la absoluta certeza de que aquí el imperio de la ley no existe y que la misma se aplica al gusto del cliente en un modelo de justicia diseñado, precisamente, para asegurar impunidad, es ingenuo creer en la objetividad de un tribunal que cómodamente dice que la CICIG no pudo probar el enriquecimiento.
Internacionalmente hay ya certeza de que en Guatemala se desmontó por completo aquel esfuerzo por combatir la corrupción causante de la prostitución de un Estado que, por servir a intereses bastardos, ha dejado por completo de cumplir con sus fines esenciales, entre ellos la promoción del bien común. Un país sin adecuados servicios en salud, educación, seguridad y carente de infraestructura útil es lo más parecido a un Estado Fallido y si a ello agregamos la cooptación de la justicia terminamos por entender que el daño causado es sumamente grave y que costará mucho salir de tamaño atolladero.
