En redes sociales se publican constantemente informaciones sobre la ola de asaltos que se producen en distintas zonas de la ciudad y que en algunos casos han costado la vida de algunas personas, situación que está generando preocupación porque es obvio que no son hechos aislados sino producto de la existencia de bien organizadas bandas que aprovechan la ausencia de una autoridad competente para realizar sus tropelías, tanto en la vía pública como en residencias. El incremento de la criminalidad es algo que se veía venir porque cuando todo el aparato público está tan concentrado en la corrupción y la justicia tan preocupada por ser el elemento de impunidad, se pierde por completo el temor a castigo y se desata otro tipo de ambiciones.
Algunas autoridades consultadas dijeron que no están investigando esos hechos porque no existen denuncias, a pesar de que algunos automovilistas, por ejemplo, han puesto videos del violento proceder de asaltantes armados, y de que el crimen cometido en una vivienda de la zona 10 no es un caso aislado sino la repetición de un patrón que se viene comentando desde hace buen tiempo. Y mientras la gente no hace denuncia formal porque no confía en las autoridades, el Ministerio Público publica una serie de “recomendaciones” a la ciudadanía para prevenir el robo de celulares, cuando su función esencial sería la de investigar esos hechos y no pretender, que como se hizo con la pandemia, que el ciudadano deba encargarse de su propia protección.
Si todos en el país vemos que la justicia está tan centrada en acabar con todos los casos de corrupción que fueron investigados a partir del 2015, para liberar a los sindicados en medio del regocijo de quienes dirigen las instituciones públicas, es natural que los delincuentes comunes también se sientan alentados para hacer de las suyas y aprovecharse de ese malicioso letargo que no alcanza únicamente a los encargados de administrar justicia, sino también a las fuerzas del orden que han vuelto a las viejas prácticas en las que sus superiores les imponen cuotas que tienen que cubrir para mantener el puesto.
Pensar que la destrucción del país provocada por la corrupción es algo que no nos afecta de manera directa es ingenuo porque las consecuencias de la destrucción de la institucionalidad y del respeto a la ley terminan, tarde o temprano, pasándonos a todos muy caras facturas. Sin la certeza de castigo que se deriva de la existencia de autoridades eficientes y juzgados decentes, es natural que proliferen bandas de asaltantes que no se detienen ante nada y que no vacilan en disparar a la cabeza de alguien porque tienen la plena certeza de que la seguridad ciudadana no es prioridad para las autoridades.
Hay que decir que las nuevas expresiones de inseguridad generan más reacciones porque se están dando en sectores más acomodados que se consideraban mucho más seguros, pero la situación es general y desde hace tiempo existen sitios donde la gente se ha tenido que acostumbrar a vivir en la inseguridad y bajo la extorsión porque allí la autoridad ni siquiera llega.
Y mientras nuestros jueces y magistrados sigan trabajando solo para desmontar los casos de corrupción, la certeza de que no hay castigo alentará a muchos a organizarse para delinquir a sus anchas.
