En la fotografía la exvicepresidenta, Roxana Baldetti y el expresidente, Otto Pérez Molina. Foto: La Hora

Lo más notable del fallo dictado ayer por el tribunal que conoció el caso La Línea es la contradicción entre la absolución por el delito de enriquecimiento ilícito de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti y la condena por los delitos de defraudación aduanera y asociación ilícita. Y decimos que es lo más destacado porque esa resolución deja la mesa servida para la apelación que ya preparan sus abogados, toda vez que si no hubo enriquecimiento ilícito, ¿para qué iban a asociarse para defraudar?

El mismo Pérez Molina dijo desde ayer que la sentencia no es más que un primer paso y que ya están trabajando sus abogados en la impugnación correspondiente. La jueza que presidió el tribunal no dejó dudas de su orientación. Si cuando fue la sentencia de Ríos Montt por el juicio fallido de genocidio se criticó el saludo de la jueza Yassmin Barrios a los familiares de las víctimas, las declaraciones de la jueza en contra de la CICIG evidenciaron tendencias tal y como las señaladas en aquel momento.

Esa declaración de más hace pensar que podemos estar ante un nuevo caso de compadre hablado, puesto que la notable incongruencia deja enormes espacios para argumentar en contra de la resolución.

Efectivamente, ahora corresponderá a una de las salas de apelaciones conocer dicha sentencia y en el galimatías que armó el tribunal de primera instancia se encuentran suficientes espacios para hacer una sólida argumentación en contra del fallo. Y no olvidemos que, no por gusto, los magistrados de dichas Salas llevan más de tres años de ilegal prórroga de su mandato, luego de haber sido elegidos hace ocho años, precisamente en tiempos de Pérez Molina, mediante el acuerdo entre Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, quienes decidieron quiénes serían los electos.

Ciertamente, la condena de los dos principales implicados en el caso La Línea va más allá de lo que se esperaba porque dispone no solo la pena de prisión sino una multa de varios millones que, de todos modos, son muy pocos para lo que se embolsaron en ese período. Recordemos que se está hablando únicamente del caso La Línea, que se refiere a la defraudación aduanera, pero ni por asomo fue el mejor ni el más lucrativo negocio realizado durante esos años. Baste recordar el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal y de la agüita mágica para tomar conciencia de la gigantesca dimensión de la corruptela de esa época.

El caso es que, con todo y los supuestos baños de pureza que se quiso dar la juzgadora, quien ahora pasa a engalanar la galería que encabezan la Presidenta de la Corte Suprema y la Fiscal General, queda claro la vital importancia de la absolución en el delito de enriquecimiento ilícito, puesto que al no existir, deja en el aire la condena que se reverse.

Redacción La Hora

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