Desafortunadamente en Guatemala todo, hasta una tragedia, se vuelve llamarada de tusa que provoca reacciones inmediatas pero que se diluyen conforme pasan los días sin que nadie haga absolutamente nada para tratar de corregir los errores que pudieron haberse cometido. La estrategia generalizada de lavarse las manos y evadir responsabilidad es lo que nos coloca en la precaria condición de tener que revivir, cada poco tiempo, lo mismo, aunque ello cueste vidas. Pasa no solo con las aglomeraciones sino también con el caos vial que genera mortales accidentes que muchas veces indignan, pero solo por unas horas o, a lo máximo, por unos pocos días.
Con toda razón, para lograr evadir la responsabilidad, los culpables de algún descuido que causó muertes dicen que esperarán a que terminen las investigaciones del Ministerio Público para pronunciarse porque, por un lado, saben lo que serán esas investigaciones y, por el otro, está probado que una semana más tarde ya nadie les pedirá cuentas, ni siquiera los deudos de las víctimas que a lo sumo pactarán su silencio por una muy modesta “indemnización”.
Los promotores del concierto en Xela superaron con mucho el aforo permitido y aún suponiendo que lo hubieran respetado, cómo se hace para garantizar seguridad de 15,000 personas utilizando a lo sumo tres pequeñas salidas, mismas que los asistentes afirman que realmente eran apenas dos. Hubo seguridad a la entrada, pero para organizar la salida de la multitud, en la que además muchos habían consumido buena cantidad de alcohol, no hubo nadie que diera la menor indicación.
Ya el eficiente Ministerio Público culpó a los que murieron pisoteados por la multitud, al decir que unos ebrios que cayeron causaron toda la tragedia. Entre esos “ebrios” aplastados había niños, pero eso no importó para el apresurado informe que se permitió ofrecer como fruto de las “investigaciones preliminares” el vocero del ente a cargo de la persecución penal. Obviamente, se está quitando toda responsabilidad a los promotores de la actividad.
Si no se sienta precedente legal firme podemos estar seguros de que, tarde o temprano, volverá a ocurrir algo similar. La impunidad, que algunos ven como una simple cantaleta, tiene efectos como esta tragedia, porque mientras no haya sanción ni aplicación de la ley para compensar debidamente a las víctimas, esos promotores se seguirán sintiendo a sus anchas, sobre todo si lo más que tienen que pagar es una pinche multa de mil quetzales por no cumplir con ninguna medida de seguridad.
Nueve vidas perdidas no merecen un borrón y cuenta nueva que nos ponga a esperar a la próxima tragedia.
