Todos los seres humanos tenemos derecho a la salud y el Estado obligación de proveerla a todos los habitantes. Partiendo de esa premisa, a partir de 1945 se empezó a trabajar en la creación del Seguro Social como un instrumento complementario al sistema nacional de salud para dar cobertura a los trabajadores, partiendo de pagos que se tienen que hacer mediante las cuotas patronal y laboral, lo que hace que las empresas contribuyan en mayor medida al sostenimiento del servicio.
Entendiendo el carácter universal de ese derecho es lógico que los diputados también tengan cobertura, pero tiene que ser igual al resto de sus “representados”, es decir, de todos los habitantes del país. No hay razón para ningún tipo de privilegio que salga del erario público. Si ellos quieren gozar de un seguro que cubra cualquier gasto médico tienen que contratarlo personalmente y pagarlo con su salario que devengan, jugoso por cierto, tal y como lo hace ese 2.56% de guatemaltecos que disfrutan de esa protección porque pagan un seguro de gastos médicos.
Por supuesto que entendiendo la clase de “representantes” que tenemos no puede extrañar esa voraz actitud que no solo hace que se tenga que usar dinero público para protegerlos en caso de enfermedad o muerte, sino también propaga un pernicioso ejemplo porque son ya varias las instituciones del Estado que contratan seguros para su personal, especialmente para quienes ocupan cargos con mayor sueldo y jerarquía.
Los diputados se deberían preocupar por mejorar el sistema nacional de salud y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, partiendo de rigurosas leyes contra la corrupción que termina afectando a todos los guatemaltecos. Se sabe que la compra de medicinas en el sector público constituye uno de los campos propicios para el negocio y el soborno, lo cual ocurre con mayor frecuencia en un ambiente como el actual, en el que priva la extendida corrupción, pero también la absoluta certeza de impunidad para los ladrones y sus cómplices.
En cambio, sabiendo cómo opera el sistema y el papel que ellos juegan en ese descalabro institucional que no quieren modificar, prefieren hacer que el Estado incurra en más gastos para otorgarles el seguro de gastos médicos que los coloca en otra dimensión, en otra categoría, totalmente distinta a la de sus supuestos representados.
Están reconociendo ante el pueblo que la salud pública es un asco y que es indispensable el acceso a servicios privados, mismos que el ciudadano paga cuando los quiere obtener, pero los diputados obtienen beneficiándose con los recursos de ese mismo pueblo.
