El Congreso se distingue por la parsimonia en el trámite de las iniciativas de ley y no hay mejor muestra que el ya inocuo último punto de agenda en todas las sesiones, referido a la “Elección de Magistrados de Salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia” que se viene incluyendo cajoneramente cada vez que se elabora la orden del día. Pero la lista de leyes pendientes, algunas que realmente podrían ser útiles a la sociedad es inmensa, pero los diputados no están allí para representar a sus electores sino para ocuparse de sus propios asuntos.
Ante la proximidad del proceso electoral del año que viene y que promete ser uno de los más manoseados de la historia de este país que ya supo tanto de fraudes electorales, ayer inició el acelerado trámite para aprobar la ley de fortalecimiento de las fuerzas de seguridad que permite el uso de la fuerza letal en manifestaciones, misma que fue aprobada ya en primera lectura pese a que diputados de oposición señalaron la existencia de conflictos legales.
Es evidente que la ley, que autoriza hasta a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia a usar sus armas letales en caso de manifestaciones, se convierte en muy importante para estar preparados ante todo lo que están haciendo para manosear unas elecciones en las que están dispuestos a todo, con tal de asegurar la continuidad del modelo que han impuesto.
La ley es explicada como un mecanismo para empoderar a la fuerza pública y sus promotores plantean que las instituciones relacionadas con la seguridad tengan que proveer la defensa a los agentes que usen la fuerza letal en los casos que la ley está señalando, para no sólo permitir sino alentar la represión de esas formas de expresión ciudadana que están debidamente garantizadas por la Constitución Política de la República de Guatemala.
Importantes leyes de verdadera protección al medioambiente o las que apuntan a combatir el flagelo de la desnutrición en el país se quedan engavetadas, no digamos las que son de gran necesidad pública, como sería una Ley de Aguas que regule el uso de ese recurso natural, pero que no conviene a los que se benefician explotando los caudales existentes.
Pero una ley para autorizar el uso de la fuerza a fin de disolver violentamente con armas letales las manifestaciones que puedan organizarse, sobre todo cuando inicie el proceso de inscripción (y rechazo) de candidaturas, les urge tanto que la hacen avanzar a marcha forzada en ese generalmente aletargado hemiciclo.
