Mucha gente ve el tema de la corrupción con indiferencia porque siente que es algo que no le afecta de manera directa y porque, al fin y al cabo, todos los gobiernos han robado. Sin embargo hay una cuestión fundamental que tal y como ahora están las cosas nos pone a todos en directo peligro de sufrir sus consecuencias. Estamos hablando del sistema de justicia que es resultado de los esfuerzos de los corruptos para garantizarse impunidad, colocando a fiscales y jueces que no se preocupan más que por asegurar que el saqueo de los fondos públicos pueda continuar.
Eso significa colocar en la administración de justicia a pícaros que están dispuestos a soltar a los ladrones pero que, al mismo tiempo, están literalmente en venta y cualquier ciudadano que sea afectado por un delincuente, de cualquier tipo o calaña, queda indefenso porque aquí quien tenga mejores contactos con los juzgadores o más dinero para comprarlos será el que salga siempre victorioso, no importa el tamaño del crimen, robo o estafa que haya cometido en contra de un ciudadano.
Hay tontitos que piensan que la corrupción no es el problema de la justicia sino que el problema está en la misma justicia. Pero es que han sido los corruptos los que, aliados desde los tiempos de Otto Pérez, pactaron para la integración de las Salas de Apelaciones y la Corte Suprema y los escogidos por Baldizón, Sinibaldi y Alejos siguen en sus puestos haciendo micos y pericos, soltando a todos los que fueron en su momento señalados por la corrupción y cumpliendo, de esa manera, con el acuerdo central de la conformación de todo el sistema de administración de justicia.
Si alguien lo estafa o le roba puede ir a la cárcel, pero si tiene contacto con los juzgadores su liberación está tan garantizada como la de quienes ahora desfilan por los juzgados para recibir la libertad y el sobreseimiento de los casos en su contra. Aún en temas como un divorcio, la parte que tenga mejores conectes o que consiga al abogado “idóneo” para llegarle al precio al juzgador saldrá ganando y lo mismo puede ocurrir hasta con un percance de tránsito.
No digamos en litigios mayores en los que lo que cambia es el monto de lo que hay que pagar de mordida. El caso es que en los escaños de nuestros tribunales, desde un juzgado de paz hasta la Corte de Constitucionalidad, se “hará justicia” al gusto del cliente y eso es terrible porque no hay derecho que valga. Para que se entienda, eso es la destrucción del Estado de Derecho.
