El tema de la famosa Lista Engel en la que se incluye a señalados de acciones corruptas y antidemocráticas es objeto de preocupación aunque públicamente se haga burla de ella con cuestiones como la Lista del Zopilote anunciada por Giammattei, y es tanta la preocupación que el mismo gobernante, por medio de su ex Secretario Privado y ahora Ministro de Economía, ordenó la contratación de una firma de abogados que se promociona como experta en defender a los señalados en tal listado para que represente al Estado de Guatemala en un litigio internacional derivado de la demanda planteada por la empresa panameña Energía y Renovación Holding, asumiendo un compromiso de pago que compromete a pagar entre 2.5 y 2 millones de dólares.
No hubo ninguna licitación sino fue decisión a dedo dictada por el mismo Presidente y se escogió, “casualmente”, a una firma de abogados que se promociona como eficiente defensora de los derechos de quienes son incluidos en la Lista Engel y que tiene estrechos vínculos con personajes como el Senador Marco Rubio, quien envió una muy exigente carta al Departamento de Estado para protestar por los “señalamientos e intromisiones” en el proceso de designación de la Fiscal General Consuelo Porras.
En diversos sectores se habla con preocupación de la nueva lista que por mandato de ley deberá ser publicada y si bien en ella no aparecerá Giammattei mientras sea Presidente de la República, sí pueden aparecer otros personajes a los que, como pasa con la Fiscal General, el mandatario quiere proteger. De hecho, el chistorete de la Lista del Zopilote era un adelanto de lo que serán las reacciones oficiales cuando se publique un nuevo listado de personas que a juicio del Departamento de Estado incurren en acciones corruptas y antidemocráticas, al tenor de lo que establece la ley norteamericana.
En cualquiera de los casos, el uso de los fondos públicos tiene que ser objeto de rendición de cuentas y se tienen que cumplir requisitos legales para asegurar la transparencia. En otros litigios internacionales que hay contra el país, se ha licitado la contratación de los abogados, pero en este caso no hubo ninguna convocatoria sino una simple orden presidencial. Y como dos más dos son cuatro, si el Presidente tiene obsesión por la Lista Engel y contrata a una firma especializada en defender a los allí señalados, no hay que hilar muy fino para entender que lo del litigio internacional es apenas un pretexto para justificar el millonario pago que en realidad puede implicar otros servicios más concretos y determinados.
