El reporte sobre los derechos humanos en Guatemala durante 2021 publicado por el Departamento de Estado hace énfasis en el tema del avance brutal de la impunidad en el país, entendiendo que sin un sistema de justicia que sea garantía del régimen de legalidad es imposible garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos y destaca la forma en que se han ido capturando todos los estamentos relacionados con los procesos penales y civiles en el país, debilitando seriamente las garantías necesarias para que todos los ciudadanos sean realmente iguales ante la ley.
Los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones fueron seleccionados mediante los sucios y oscuros acuerdos que hicieron los dirigentes de los desaparecidos partidos Lider y Patriota y aunque debieron entregar los cargos hace ya años, siguen en ejercicio de los mismos gracias a la complicidad del Congreso y son responsables de la consolidación de la impunidad que avanza aceleradamente luego del desmantelamiento de la Fiscalía Especial, FECI, que era lo único que iba quedando de los viejos esfuerzos contra la corrupción.
La cooptación es total puesto que el tenebroso control del Ministerio Público ha convertido al aparato de justicia en un instrumento de perdón para los corruptos y de persecución para quienes en algún momento actuaron contra la corrupción. Y falta todavía que se consolide con la designación de Fiscal General, carrera en la que despunta, aunque no va sola, Consuelo Porras.
Para este año el propósito que mantienen es llegar a tener el más absoluto control institucional y dentro de poco tendremos un PDH que no diga ni pío y hay esfuerzos para que la Universidad de San Carlos permanezca bajo el control de la mafia para evitar que retome su tradición histórica que hicieron pedazos a lo largo de lo que va del siglo.
El propósito es asfaltar la ruta para la elección del año entrante, cuando un Tribunal Supremo Electoral sirviente de los poderes corruptos, allane el camino al candidato que designe Giammattei y su alter ego, quienes están sumamente activos para asegurar que puedan mantener el control del país mediante la imposición de su propio candidato.
Si el informe del 2021 es espeluznante, esperemos a ver el que tendrá que emitir ese mismo Departamento de Estado relatando las atrocidades y abusos legales que se cometan durante lo que falta de este año. Sin duda que no hay ningún ángulo en el que se pueda suponer que vivamos algo positivo y alentador para enderezar el rumbo.
