La comunidad internacional no ha ocultado su preocupación por los descarados ataques al Estado de Derecho en Guatemala que son parte del esfuerzo pro impunidad que pretende castigar penalmente a los que en algo aportaron en los tiempos en que el país luchó contra la corrupción. El mensaje trata de ser totalmente claro para quienes en el futuro piensen o quieran actuar contra los corruptos que se han adueñado de todas las posiciones de poder y de esa cuenta es que algunos Embajadores han decidido asistir a procesos que son tan públicos que los simpatizantes del régimen, como Fundaterror, llegan para amedrentar a los encartados.
Pero lo que no estaba en el libreto es la airada reacción de las Cámaras empresariales que emitieron contundentes comunicados luego de enterarse que el Embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Popp, acudió ayer a la audiencia en el proceso de antejuicio que se realiza contra Erika Aifán y que no sólo fue iniciado espuriamente por el Instituto de Magistrados, sino que se designó como pesquisidor a uno de los directivos de tal instituto, haciendo más que obvia la manipulación y falta de imparcialidad en el proceso.
La arremetida contra el Estado de Derecho llega a tal nivel que los dirigentes del CACIF, que no emitieron opinión cuando los actores y netcenteros del gobierno fueron a los tribunales para insultar a las procesadas y tampoco opinaron nada cuando se conoció el caso del aporte de campaña que hizo Benito a favor de Giammattei, ahora condenan la que llaman intromisión de los embajadores en asuntos internos, como si la preservación del Estado de Derecho a lo largo y ancho del mundo no fuera una preocupación universal.
Lo que pasa es que así como la comunidad internacional está preocupada, los actores internos y responsables de la captura del Estado para mantenerlo al servicio de la corrupción y de intereses que nada tienen que ver con el bien común, también se preocupan al ver que los más importantes aliados actúan para defender el Estado de Derecho porque su ruptura ha servido para evitar la correcta rendición de cuentas de los políticos y de quienes los compran con sus millonarios aportes de campaña.
Es tal el interés por asegurar la impunidad que desaparecen las caretas y presionados desde la presidencia, bajo la advertencia de que hay muchos trapos sucios que pueden ser expuestos, abandonan la prudencia y se convierten en públicos aliados e impulsores de la utilización de la justicia como instrumento para pasarle factura a todos los que han tenido alguna acción en contra del manoseo de los recursos públicos.
