La frase completa de “A mis amigos todo; a mis enemigos la ley” se atribuye a Benito Juárez pero ha sido dicha y aplicada por infinidad de tiranos en este nuestro continente americano en el que han florecido tantas y muy diversas formas de dictaduras. Y por supuesto que viene al caso para Guatemala, evidenciando la patética condición de nuestro Estado de Derecho, cuando en una misma sesión de la Corte Suprema de Justicia se juzgan con tan diferentes raseros dos solicitudes de antejuicio. Una va dirigida contra un juez que resulta molesto y la otra implica a un magistrado del Tribunal Supremo Electoral que está operando eficientemente a favor de esta nueva dictadura, la de la Corrupción, que ha sentado reales en el país y que blasona de ser una obra de Dios que, según dicen ellos, colocó a los picarazos en las posiciones de poder.
El caso contra el juez de marras es porque un policía lo acusa de no haber permitido que hiciera un registro del vehículo en que se conducía, supuestamente bajo efectos de licor, y eso basta y sobra para que sea despojado de la inmunidad con lo que, una vez dictado un auto de prisión en su contra, se le separa del cargo y por lo tanto deja de gozar de ese privilegio constitucional y puede ser juzgado por cualquier cosa, incluyendo acciones espurias provenientes de personas de alguna manera afectadas por fallos suyos.
El otro caso no se refiere a un tema de tránsito sino a obstrucción de la justicia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, pero al respecto los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron mantener la inmunidad a quien fue uno de ellos, aunque fue objeto de un serio señalamiento por la anterior FECI (no la que ahora ofrece Consuelo) por el sonado caso Fénix.
Ni siquiera se tomaron la molestia de analizar los casos en audiencias separadas porque, al fin de cuentas, ya no importa guardar apariencias tomando en consideración que nuestra opinión pública ya se resignó a la definitiva pérdida de la verdadera legalidad y del Estado de Derecho, sin darse cuenta el riesgo que para cualquier ciudadano decente significa que sus derechos puedan ser sojuzgados por un régimen judicial en el que prevalecen favoritismos para quienes descaradamente cometen delitos despojando a otros de lo que les pertenece.
Creemos que si hay reales indicios de que un funcionario que goza de antejuicio comete un delito, de cualquier naturaleza, debe ser despojado de la inmunidad. Lo que no se vale es que la inmunidad la conviertan en coraza de impunidad para proteger a los amigos mientras que los enemigos son sometidos a proceso “legal”.
