Es pública la persecución que mantiene el Ministerio Público contra la jueza Erika Aifán simplemente porque está comprometida con su oficio y se distingue por resolver casos con apego a la ley. Ayer, en el proceso que recién se inicia por la “entrega” del ex ministro de Comunicaciones José Luis Benito, la jueza titular del tribunal de Mayor Riesgo “C”, Silvia de León, sin duda se puso en la mira de Consuelo Porras y todas las fiscalías habidas y por haber, porque al ligar a proceso al dueño de las maletas que la FECI localizó en Antigua Guatemala llenas de dinero, dijo que el trabajo del Ministerio Público se plasmó en “una imputación pobre”, misma que fue aprovechada por el abogado defensor de Benito para pedir de inmediato la “falta de mérito” que ella rechazó de inmediato.
La jueza no se prestó a la evidente jugada entre Benito y Consuelo Porras, con la FECI de por medio, para que ese caso emblemático de la corrupción existente en el país quedara clausurado antes de siquiera empezar. Y todo por la “pobre imputación” presentada que no hace ni siquiera referencia al desastre que ha sido el tal Libramiento de Chimaltenango y lo que ese proyecto significa para el país.
Y, como ya sabemos, ahora el Ministerio Público tiene otro objetivo para perseguir con dientes y uñas porque si algo no quiere su titular es que ningún juez sea severo a la hora de analizar los casos de corrupción que, por lo visto, pretenden tratar con exageradas pinzas para no comprometer a los sinvergüenzas que han saqueado al país y, como en este caso, dejan una infraestructura de pacotilla que sólo sirvió para rellenar maletas. Y que conste que Benito no es el primero ni el único de los que han pasado por esa cartera que tiene un largo historial de arreglos bajo la mesa con constructores que se prestan a realizar obras de mala calidad en contratos que adquieren mediante los consabidos sobornos.
La “osadía” de la jueza Silvia de León, al plantear el intencionalmente pobre trabajo de investigación para formular la imputación de Benito, le traerá consecuencias, como se ha visto con abrumadora evidencia en el caso Aifán, jueza a la que no dejan de acosar ni un minuto. Porque no es corriente que un juzgador tenga la entereza de hacer público su criterio respecto a las fantochadas que hacen en ciertas fiscalías, dejando en claro que la entrega de Benito fue, como dijimos en La Hora, compadre hablado para sepultar la justicia y favorecer al exfuncionario.