Trascendieron ya elementos del llamado Pacto Colectivo negociado entre el Sindicato de Joviel Acevedo y la Ministra de Educación y aparte de que no se establecen acciones para mejorar la calidad educativa del país, se asumen compromisos económicos que la mencionada funcionaria no tiene ni la menor idea de lo que eso significa en términos de las finanzas públicas para los varios años de vigencia del Pacto.
En Guatemala la Constitución asigna al Congreso la facultad de aprobar o improbar el presupuesto y todo lo que implique compromisos para el Estado tiene que recibir aprobación del Legislativo, razón por la cual todos los pactos colectivos de condiciones de trabajo que comprometan las finanzas públicas para varios ejercicios fiscales tendrían que ser aprobados, para que cobren vigencia, por el Congreso de la República que es la autoridad competente para aprobar o improbar lo relacionado con el gasto público.
Aquí, en cambio, queda en manos de un ministro la decisión y las negociaciones se hacen de forma amañada, oscura y bajo la mesa. Qué puede saber de las finanzas públicas una ministra que, como la actual, no tiene ni siquiera idea de lo que deben ser las políticas educativas para superar esas terribles condiciones que reflejan los alumnos en matemáticas y lectura. La firma de una funcionaria incompetente no debiera de ser fuente de una obligación para el Estado que va mucho más allá del tiempo de su gestión.
Definitivamente la forma en que se negocian los pactos colectivos y se aprueban cayeron en el ya extendido y generalizado campo de la corrupción. Los gobiernos no se proponen mejorar las condiciones de los maestros sino simplemente están sobornándolos para que sean fuerza de choque en la eventualidad de que necesiten apoyos de ese tipo. Y la dirigencia magisterial lo ha demostrado claramente. Repetimos que el Ministerio de Educación es posiblemente uno de los más costosos y menos productivos de todo el aparato estatal; ni siquiera del mantenimiento de las escuelas se pueden ocupar, no digamos de elaborar una política que privilegie al alumno y termine con ese sometimiento que les ha impuesto el sindicato.
Ningún funcionario puede estampar su firma y con ello generar obligaciones de largo plazo para el Estado. Toda obligación de esa naturaleza tendría que ser aprobada por el Congreso, aunque se trate de una legislatura de pena y vergüenza como la que tenemos, pero es inaudito que un ministro comprometa de esa forma al país. En esas condiciones los diputados ya no aprueban los gastos, sino que simplemente tienen que refrendar lo que dispusieron en algún ministerio.
