La corrupción no es cosa nueva y a lo largo de los años hemos presenciado innumerables casos en los que se dilapida el dinero público mediante licitaciones amañadas para favorecer a determinados proveedores, independientemente de la calidad del producto o servicio que ofrecen. Por ello vemos las carreteras maltrechas que tenemos, una infraestructura que da pena y que nos cuesta un ojo de la cara a los guatemaltecos que tenemos que pagar diariamente las consecuencias de los malos manejos.
La corrupción en temas como infraestructura, adquisición de medicinas e insumos en salud, licencias de minería, negociaciones de pactos colectivos y un largo etcétera son pan de cada día, pero no reparamos tanto en lo que se hace en el campo de la seguridad ciudadana donde además de contubernios con el crimen organizado también se hacen compras que dan pena. Los mayores recuerdan la compra de patrullas marca Lada en tiempos de Ramiro de León Carpio, todavía en el siglo pasado, que resultó un enorme fiasco porque se justificó la compra diciendo que el precio permitía comprar más patrullas y proteger más a la ciudadanía, pero resulta que no había mantenimiento para las unidades y su calidad no podía competir con la que ofrecían otros proveedores, por lo que en cuestión de semanas empezaron a fallar las unidades y en poco tiempo se convirtieron en chatarra, quedando como uno de los baldones más visibles para el gobierno de la época.
Pues ahora con la compra de motos que acaba de hacer el Ministerio de Gobernación para dotar a la Policía Nacional Civil parece darse el calco de lo que fue aquel negocio en tiempos de De León Carpio.
Según las quejas presentadas por los proveedores de motos Honda, marca reconocida mundialmente por su calidad, la licitación fue programada ad hoc para favorecer a la empresa que terminó ganando el concurso público no obstante que no ofrecen mantenimiento de las unidades.
En todo caso, si existiera un correcto Estado de Derecho, los afectados podrían recurrir a las instancias de ley para hacer valer sus puntos de vista y demostrar el manoseo de la Ley de Compras y Contrataciones. Pero como no existe ese régimen de legalidad que dé confianza, los honrados se ven en desventaja porque aún teniendo la razón pierden cualquier acción porque puede más la fuerza del pacto de impunidad que se montó para facilitar precisamente ese tipo de trinquetes. Ni la Contraloría de Cuentas ni, mucho menos, el Ministerio Público moverán un dedo. Pero si el particular defraudado acude a los tribunales sabe que la componenda es tal que perderá el caso.
Las nuevas motos serán como las Lada. Desechables por falta de mantenimiento pero alguien aseguró ya su ganancia.
