El caso del ex presidente Otto Pérez Molina y su prolongada prisión preventiva tiene mucho en común con el de la mayoría de los sindicados desde el 2015 por actos de corrupción, sobre todo en lo relacionado con la prolongada prisión preventiva que muchos han guardado por más de seis años. Y es cierto que la prisión preventiva no debe ser tan prolongada porque mantiene a personas sujetas a proceso en la cárcel sin que se les haya dictado sentencia, aunque es preciso entender todo el contexto para hablar con propiedad del caso.
Recordemos exactamente lo ocurrido, especialmente con el retardo malicioso que se ha dado en casi todos los procesos y que no es responsabilidad ni de la parte acusadora ni de los juzgadores. Sabiendo que la Comisión Internacional Contra la Impunidad no era eterna y que en el Ministerio Público habría cambio de Fiscal General, la estrategia de la defensa de muchos de los acusados fue entrampar los procesos esperando, como decía Mario Estrada en su campaña, que “ya vendrían tiempos mejores”. Se avanzaba en la cooptación de las comisiones de postulación para asegurar que continuara el control del sistema de justicia con magistrados seleccionados cuidadosamente por Alejos y compañía, mientras que se hacía intenso cabildeo para ganarse la simpatía de Trump para descabezar a la CICIG y se tenía la palabra de Jimmy Morales de que pondría a una Fiscal vigilante.
Por ello se sucedieron acciones procesales que tendían a retrasar cualquier procedimiento pues era muy importante el tiempo que jugaría a favor de los sindicados. Cualquiera se preguntará quién puede ser tan torpe como para entrampar un proceso si ello alarga la prisión preventiva, pero ese mecanismo era clave en la estrategia procesal de la defensa porque se trabajaba en el acomodo de todas las piezas, aunque les resultó que la FECI, a cargo de muchos de los casos, no se doblegó fácilmente.
En un sistema de justicia ideal, con jueces probos y con las partes procesales confiando en el imperio de la ley no hay necesidad de retrasos maliciosos en los juicios porque lo que desean todos es que los mismos terminen pronto, no sólo por el tema de la prisión preventiva sino por los costos de pagar a muchos abogados. Pero cuando una de las partes tiene la esperanza de que tendrá todo a su favor con cambios de jueces y de fiscales, por supuesto que les atrae y conviene entrampar el proceso para ganar tiempo hasta que todas las piezas estén debidamente colocadas, como ya ocurre ahora que se quitaron la última piedra del zapato que era esa molesta fiscalía.
Otto Pérez ya consiguió librarse de la prisión preventiva, siempre y cuando pague una elevada caución económica. Los juzgadores deben haber revisado el proceso y vieron por cuánto lo acusan y le impusieron una caución acorde con esa información, tema que sin duda será revisado en breve porque el sistema ya está puesto justamente donde lo querían.
