El gobierno tomó la decisión de permitir las clases presenciales y varios colegios que están operando con modalidades híbridas que obligan al personal de los centros educativos a estar en constante contacto físico con sus alumnos y a muchos empleados que desempeñan funciones esenciales en los colegios que también quedan expuestos a contagios, justamente en medio de este repunte que se está viviendo. Entre maestros, personal de limpieza o seguridad, pilotos de buses y asistentes de maestros, son muchos los que deben ser incluidos en el plan de vacunación porque se exponen, y mucho, a resultar contagiados.
Aquellos educadores, incluyendo ese personal de apoyo de los colegios, que están trabajando con niños que no pueden vacunarse y que de ser positivos pueden ser asintomáticos, merecen el apoyo del gobierno para que por lo menos tengan la tranquilidad de disponer de vacuna porque son, también ellos, personal de primera línea en esta pandemia porque tienen que realizar un trabajo con altos niveles de riesgo.
Tienen listados de los colegios que han recibido aprobación para impartir clases presenciales y sería del caso que del mismo gobierno saliera una iniciativa humanitaria para proteger a quienes son esenciales en ese proceso de retorno a la presencia física de alumnos en los planteles. Son maestros y empleados que viven de un sueldo y que no tienen otro remedio que atender al llamado de sus empleadores para retornar a clases y ello ocurre justamente cuando médicos del hospital San Juan de Dios informan del importante número de niños que ellos han atendido tras haberse contagiado y señalan algunas muertes entre esa población infantil.
Es imprescindible pensar en la seguridad de esas personas y en medio de la notable escasez de vacunas debe dárseles prioridad a todos los que deben tener contacto con los niños y adolescentes que han vuelto a clases presenciales.
