Julio Roberto Bermejo González
Doctor en Derecho*
La corrupción en nuestro país viene de hace mucho tiempo y crece a pasos agigantados. Se manifiesta en el Ejecutivo, también en el Judicial y con profundidad en el Legislativo.
En cuanto al Ejecutivo, no hay ministerio o dependencia en la que no se manifiesten malos manejos y la prensa lo destaca a diario y el Presidente no le pone freno a ello. El Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas es una de las más visibles. Se adjudican obras a empresarios con malos antecedentes, a precios más elevados, sin que la empresa tenga las calificaciones técnicas para la obra que se adjudica y sin que tengan la capacidad financiera para realiza la obra.
Lo mismo es en el Ministerio de la Defensa, en el de Salud y en la propia Presidencia. Se adjudican plazas sin atender la capacidad e idoneidad del candidato y con sueldos que no son acorde con las funciones que se van a desempeñar ¿Qué hay en el fondo de todo esto? Cobro de comisiones, que el funcionario o un miembro de su familia tiene participación en la empresa a la que se adjudica la obra o el empleo. En muchos casos son Diputados los interesados en que la obra o el contrato se adjudiquen a determinada empresa. La Contraloría General de Cuentas sabe lo que se está haciendo y lo deja pasar; el Presidente de la República y los Ministros -cuando no están directamente interesados en esos negocios-lo ignoran y miran para otro lado. Recientemente el Congreso de la República introdujo más reformas a las leyes aplicables a las contrataciones con el Estado y los efectos serán que las contrataciones se hagan a montos mayores y sin controles. Lo anterior beneficiará no solo a las obras que contrate el Ejecutivo sino también a los que realicen las municipalidades, donde ya es conocida la trayectoria de muchos en la conducción de negocios corruptos y una muestra evidente es los salarios y privilegios que se aseguran los Alcaldes y los miembros de las corporaciones municipales.
Pero además, la corrupción no solo se manifiesta en el Ejecutivo, también está presente en el sector empresarial -no hay corrupto sin corruptor- Son muchas las empresas que tratan de defraudar al Estado con importaciones anómalas, alterando registros contables, ofreciendo sobornos, falseando las declaraciones de impuesto y muchas maniobras más, todas orientadas a enriquecimientos indebidos. Recientemente la prensa nos informó sobre posibles defraudaciones en empresas fabricantes de medicinas y cosméticos y este no es el único caso, se han dado muchísimas en el curso de los años recientes.
La CICIG trato de combatir los actos corruptos referidos pero el sector empresarial apoyando al Presidente Morales maniobró para sacarla del país. Los corruptos no son todos los empresarios pero si un fuerte sector que se ampara en una organización empresarial, lo cual es lamentable.
¿Qué pasa con el Congreso de la República? En su mayoría está integrado por individuos social y empresarialmente descalificados a los que se les vincula con el narcotráfico y esto es sumamente grave para el país. Guatemala no tiene realmente Partidos Políticos que cumplan con la función básica que les corresponde de intermediación con los sectores sociales. Esto no lo cumplen y simplemente actúan para el ascenso al poder. El problema está en el procedimiento de elección por planillas, lo que impide que el ciudadano elector conozca la trayectoria del candidato y pueda votar por el mejor. El procedimiento vigente permite que lleguen al Congreso los menos calificados -hay excepciones-. Una reforma legal es importante y necesaria a efecto de que el Partido Político cumpla su función de intermediación y que los electores tengan la oportunidad de votar por el candidato más calificado y con trayectoria de honestidad. El actual Congreso ha dejado mucho que desear, porque no solo no legisla, sino cuando lo hace emite leyes orientadas a favorecer a sectores proclives a la corrupción en los que ellos participan o a quienes pretenden influenciar para obtener beneficios. Evidencias sobran y recientemente las tenemos en la negativa a elegir a la Corte Suprema y Salas de Apelaciones y en la elección que hicieron para la integración a la Corte de Constitucionalidad. Esto plantea una situación grave que pareciera que no tiene solución. La reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos es urgente, pero pareciera ser algo imposible porque es el Congreso de la República el que tendría que reformar la ley y es difícil pensar que el Congreso en su composición actual lo haga porque en su seno está una de las más graves fuentes de corrupción. Pareciera ser que el problema -Congreso de la República- tiene que resolverse por otras vías y es al pueblo -todos los ciudadanos- a quien le corresponde.
Otra fuente de corrupción radica en el Organismo Judicial, desde los Juzgados de Paz hasta la Corte Suprema de Justicia. A los Juzgados de Primera Instancia -Penal y Civil- les corresponde una labor importante pero lamentablemente -con excepciones- esos cargos no están desempeñados por los profesionales más idóneos, atendiendo a su capacidad y honrados. En el ramo penal se ven casos sorprendentes que dejan a la justicia muy comprometida. En la Corte Suprema de Justicia – también hay excepciones respecto algunos de sus integrantes -se ven actuaciones de muy clara protección a funcionarios y Diputados corruptos.
De la Corte de Constitucionalidad anterior hay fallos que evidencian el fiel cumplimiento de sus funciones como garantes del Orden Constitucional, porque ésta es la misión que le corresponde. Recientemente se eligieron a nuevos Magistrados bajo procedimientos que dejan mucho que desear y se teme que como organismo de defensa del orden constitucional, vayan a tener actuaciones que no responden a éste propósito.
Guatemala ha entrado en un grave deterioro de moralidad en el ejercicio de la función pública y esto nos ha conducido a que los recursos no se destinen al desarrollo económico y social de los sectores de población más necesitados; ello unido a la inseguridad, ha obligado a miles de guatemaltecos a abandonar el país y a sus familias buscando trabajo principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica. El esfuerzo de esta gente está sosteniendo la economía del país, porque de remesas ingresan más recursos que los que se originan por las exportaciones. Esto es grave por la desintegración familiar que puede originar y que está produciendo. Si las remesas producen más ingresos al país que las exportaciones, -muchas de ellas de origen dudoso- eso es sumamente preocupante porque la economía del país no puede depender de las remesas, pero el clima de corrupción, la inseguridad y el desorden administrativo no es favorable a un cambio.
¡Cómo puede el país cambiar de rumbo? Se mira como necesario combatir el narcotráfico, la corrupción administrativa, la inseguridad, el contrabando, fortalecer la economía de las clases medias, estimular la economía del campesinado y de la población que vive en el área rural. Todo esto parece una obra de titanes que a nuestro parecer solo un acto revolucionario lo puede cambiar.
