Juan Antonio Mazariegos G.
El pasado jueves 18 de los corrientes, el Congreso de la República aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el año 2022, el cual ascendió a 106 mil 227 millones de quetzales y que destina un 68% del mismo a gastos de funcionamiento, un 17% a gastos de inversión y un 14% al servicio de la deuda pública. Dentro de la estructura presupuestaria, llamó poderosamente la atención la suma de 3,227 millones de quetzales que fueron asignados directamente a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), los cuales son organizaciones, como su denominación lo indica, Departamentales, de desarrollo, presididos por el Gobernador del departamento correspondiente, en los que se integran los Alcaldes y otros representantes de organismos encargados de la planificación y representantes de la sociedad civil del lugar.
Por supuesto, en principio y al amparo de las buenas intenciones con las que fueron creados, lo Codedes centran sus funciones en apoyar a las municipalidades en sus consejos propios y comunitarios, promover y facilitar la organización y participación de la sociedad civil, promover tanto la descentralización y la desconcentración de la administración pública. Basados en la simple descripción de las funciones para las que fueron creados, los Codedes, el trabajo de los mismos puede resultar hasta ejemplificador, cuando en un país como Guatemala, se busque diversificar los destinos de inversión presupuestaria y que esta tenga una disposición directa por parte de autoridades y lugares alejados de la capital.
Sin embargo, cuando se revisa la historia de la deficiente ejecución presupuestaria a través de estos Codedes, cuando se conocen las debilidades y rezagos de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, o cuando sabemos que las leyes electorales vigentes en Guatemala privilegian la representación parlamentaria que proviene de los distritos del interior del país y en listados nacionales que actúan como verdaderos agujeros negros, en donde se ocultan aquellos que siempre tratan de llegar al Congreso, y que saben que eso no sucederá, en tanto no haya manifestación de poder de su parte, ante las autoridades y poblaciones locales y que esa manifestación de poder se traduce o se manifiesta, a través de la incidencia que representa el conseguir fondos del presupuesto de la Nación, para repartir la obra pública en el interior del país, no podemos más que llegar a la conclusión de que la asignación presupuestaria a los Consejos Departamentales de Desarrollo, a través del Listado Geográfico y Obras y ahora la denominada Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, son herramientas destinadas, a incidir en el año electoral que se avecina y en perpetuar las estructuras políticas de los partidos que detentan el poder en el Organismo Legislativo.
La descentralización es indispensable para este o cualquier otro país que quiera salir del subdesarrollo. La historia de “las dos Guatemalas”, la urbana y la rural, la desarrollada y la subdesarrollada, es un pendiente que nos persigue y que nos ancla a un pasado al que la mayoría ya no queremos volver, y además, es también caldo de cultivo para cualquiera que quiera desestabilizar el país. Se debe buscar activamente que se asignen fondos para que las autoridades locales destinen los mismos a aquellas obras que identifican como las más necesarias o importantes.
Discrepar del presupuesto aprobado no es ir en contra de la descentralización, es solo buscar hacerlo por las razones y de la manera correcta.
