Juan Antonio Mazariegos
Esta semana, el Gobierno de Costa Rica anunció que la vacuna contra el Covid-19 será obligatoria para todos los empleados públicos y además facultó a los patronos privados a exigirla a sus trabajadores. De conformidad con diversas noticias, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología del Gobierno de ese país, tomó la decisión basada en variables epidemiológicas como la cantidad de casos de Covid-19, la mortalidad de la enfermedad, la circulación incrementada de la variante Delta y la elevada ocupación hospitalaria, impactada en mayor medida por pacientes que no se encuentran vacunados, así como la desaceleración en la afluencia de personas a los centros de vacunación para recibir su primera dosis, según el comunicado oficial.
La necesidad de volver obligatoria la vacuna en contra del Covid-19, es un tema que cobra vigencia en la medida que los países que tienen acceso suficiente, a dosis de la misma, se enfrentan a la necesidad de convencer a su población, para que aproveche esos suministros y proceda a vacunarse. El diario Los Angeles Times, publicó el fin de semana que “Aunque tanto el presidente del país, Joe Biden, como sus expertos subrayaron que tres cuartas partes de la población con posibilidad de vacunarse tienen al menos una dosis, también reconocieron el daño que supone contar aún con un 25 % de estadounidenses que, pudiendo vacunarse, no lo han hecho. Son 70 millones de personas, algo “totalmente inaceptable” según el presidente, que insistió en que esta es ya solo la pandemia de los no vacunados y advirtió de que seguirá promoviendo, siempre que pueda, el requerimiento de vacunarse para determinados colectivos, como hizo con los trabajadores federales o con todo el personal militar”.
Por supuesto, en Guatemala aún no contamos con dosis suficientes de vacunas como para atender a toda la población, si esta quisiera vacunarse. El efecto de esta carencia ha minimizado el problema que viven otros países y aquí el tema se ha circunscrito a determinadas localidades o círculos en donde se ha tratado de implementar la obligatoriedad de la vacunación para determinadas actividades o en determinados eventos. Como un buen ejemplo de esto, el matutino Prensa Libre publicó la noticia de que la Municipalidad de San José Chacayá, en el Departamento de Sololá, publicó en el Diario de Centro América, el pasado jueves 16 de septiembre, el acuerdo 36-2021, que en el punto cuarto contiene las Disposiciones municipales como medida de mitigación para contrarrestar los casos de SARS-Covid2 (Covid-19) y sus variantes, entre las que destaca la exigencia para que transportistas y empleados de negocios se vacunen contra el coronavirus.
Tarde o temprano habrá existencia de vacunas suficientes y el Gobierno tendrá la obligación de legislar sobre la obligatoriedad de la vacunación. En mi opinión, las ventajas de la vacunación se encuentran científica y debidamente probadas, ya me vacuné. Por supuesto, alguien puede tener un razonamiento distinto o una creencia que le impida realizarlo. El Gobierno puede legislar al respecto, podrá imponer sanciones o limitaciones, las cuales podrán ser discutidas, hasta jurídicamente, por aquellos que no quieran vacunarse; podrá dar incentivos o libertades por un estatus de vacunación positivo, sin embargo, no somos China u otro país totalitario para vacunar a la gente por la fuerza.
