Como mínimo, desde el nacimiento de Guatemala como república, los Pueblos que habitan este país, han demandado el florecimiento del sistema democrático que les posibilite la vida en dignidad; es decir la construcción de un andamiaje institucional, legal y económico, que más allá de las meras formalidades, sea útil para alimentarse bien, tener tierra para producir, educarse y formarse, tener una vivienda digna, obtener salud integral, ingresos para disfrutar la vida y poder asistir a una institucionalidad pública que garantizará sus derechos y libertades fundamentales. Sin embargo, desde aquel nacimiento a la república, con una sólo excepción hemos sido testigos de la construcción de un modelo de Estado que reviste bien la formalidad, pero en el fondo sólo sirve para garantizar impunidad y privilegios a un pequeño segmento de la población.
Los ejemplos sobre esta fachada democrática sobran y de ahí la imperiosa necesidad de empujar y forzar a que verdaderamente se construya democracia. Tan sólo la breve revisión de lo ocurrido de 1985 a la presente fecha, nos permite evidenciar que la democracia para que funcione, debe de ir más a fondo, debe de superar esa hipócrita forma de existir y dar el salto hacia el fondo del asunto, instituciones que funcionen bien y con eficiencia para la garantía de los derechos y las libertades de la gente, de lo contrario, sólo estamos frente a una fachada que nos produce enormes daños y consecuencias inconmensurables.
Tan sólo del 2015 a la presente fecha, han sido los Pueblos y la ciudadanía -nuevamente- la que ha demandado democracia, justicia, equidad y dignidad, sin embargo, una y otra vez, los mismos de siempre, los grupos vinculados a la corrupción, la impunidad y a la generación de privilegios, los que continúan en la persistencia de sostener un modelo que sólo nos ha afectado como población. Por lo tanto, no basta sólo con decir que el Estado guatemalteco “es democrático” o que “se organiza para el bien común”, no sirve somatarse el pecho con la Constitución Política de la República y decir que debemos garantizar “la independencia judicial”, si no son más que palabras vacías, en tanto que ni la democracia, ni el bien común, ni la independencia judicial se viven en plenitud.
Por lo tanto, para que en definitiva exista primavera se deberá forzar su llegada y no se podrá considerar tener independencia judicial mientras se siga protegiendo a ladrones, criminales y mafiosos que capturaron las instituciones y hoy las usan a su servicio. Es por ello que no es posible tener ninguna consideración sobre actores impunes y protegidos como los Porras, los Molina Barreto, los Vásquez Pimentel, los Morales, los Vielman, los Arzú, los Alejos, los Giammattei. No podrá florecer la democracia bajo fiscales generales que protejan a funcionarios que cometen actos de corrupción y con ello le quitan derechos a la población, que cometen tortura, consienten y estimulan las ejecuciones extrajudiciales y huyen cobardemente de la justicia. La transición del invierno a la primavera se debe provocar y para ello hay que erradicar a todo actor que no permita su llegada.
