La Constitución Política de la República establece una serie de artículos que pretenden, sin mucho éxito, garantizar la libertad de empresa y de competencia en el país, pero para todos es muy evidente la violación sistemática y permanente de grandes conglomerados empresariales de estos principios constitucionales. Por ejemplo, los artículos 119 y 130 de la Constitución, que hacen referencia a las obligaciones del Estado sobre el régimen económico o sobre la prohibición de monopolios, han sido y son violentados cotidianamente. Basta hacer una pequeña revisión a mercados tales como el de cerveza, el avícola, el cemento u otros para darse cuenta de esta realidad.
Sin embargo, no es sino hasta el 2001 donde se presenta un proyecto de Ley que pretende regular la competencia y ampliar así la interpretación de estos principios constitucionales, es decir que en el país se lleva ya 22 años discutiendo al respecto, pero también de obstaculizaciones a la misma, con el único interés de mantener los históricos privilegios a los que a grandes capitales están acostumbrados y sobre los cuales recaen sus obscenas ganancias. A pesar de que somos uno de los pocos países que no cuenta con este tipo de regulaciones, las legislaturas pasadas, hicieron caso omiso a esta importante legislación y han dado paso con su acción a prácticas empresariales desleales que, sólo afectan los intereses de la población.
Si bien esta discusión pareciera no estar al alcance de toda la población, recientemente en una audiencia en el Congreso de la República, un empresario farmacéutico destapó lo que ya era un secreto a voces. Este empresario hizo un relato de cómo ha sido prácticamente coaccionado y hasta amenazado para ser sometido a componendas sobre precios o sobre distribución territorial de ventas y con ello sostener los abusos sobre los precios a los que somos sometidos como sociedad. Esta misma práctica funciona en otros sectores y así es como muchas empresas saquean los magros bolsillos de una población ya empobrecida.
Los detractores de esta Ley de Competencia, tienen argumentos tan absurdos y fuera del contenido de la discusión técnica de la ley, que hace evidente su defensa oficiosa o incluso hasta pagada de las empresas que ven afectados sus espurios intereses de sostener un modelo en el cual sigan gozando de privilegios que violentan la constitución de la República y violentan la dignidad, la salud y la economía de toda la población.
Es por ello, que la población debe apoyar el impulso de una ley de competencia que permita erradicar las prácticas monopólicas, desleales y que sólo van en detrimento de la libertad de empresa y de nuestros intereses como consumidores y dar paso a lo que ha ocurrido en el resto de países donde sí se han aprobado legislaciones tendientes a regular este importante fenómeno. Aquellos países en donde se han aprobado Leyes de Competencia no sólo ha habido mayor tasa de crecimiento económico, sino que se ha atraído mejores inversiones, beneficiado a las y los consumidores y con ello se ha beneficiado a sus sociedades.
