El miércoles y jueves recientes se desarrollaron acciones claramente tendientes a asegurar los pasos hacia la consolidación del golpe de Estado por parte de la alianza criminal que desde el 2017 han actuado como el Pacto de Corruptos. Primero me gustaría poner rostro y nombrar nuevamente a quienes hoy forman parte de dicho Pacto y los quiebres que se están gestando a lo interno. Esta alianza criminal ha estado conformada por miembros de la oligarquía, en particular, quienes se vieron afectados por el avance del Sistema de Justicia. Ha sido varias veces de conocimiento público que familias de importantes monopolios han financiado y prácticamente diseñado la ruta que el resto de actores de esta alianza deben de realizar para hacer retroceder los avances que les afectaron sus intereses.
El otro actor es la élite política mafiosa, mayoritariamente de la derecha, pero que claramente se identifica en el propio presidente Giammattei y su pareja sentimental Miguel Martínez, ambos desde el poder del Organismo Ejecutivo son quienes han desplegado una cooptación del Estado, solo observado durante el Conflicto Armado Interno o en las dictaduras de inicio del siglo pasado. Junto a la pareja presidencial se encuentran la mayoría de diputados y diputadas al Congreso, pero claramente identificados en la Junta Directiva y en la alianza oficialista conformada por el partido político Valor del presidente Giammattei, la UNE, el partido de extrema derecha Valor, el Unionismo y el partido Todos. Esta alianza es quien ha impulsado legislación tendiente a dar el andamiaje legal al Pacto de Corruptos.
Otro actor en este entramado mafioso, pero aún dentro de la élite política lo conforma la Fiscal General del MP, Consuelo Porras y su equipo de trabajo en particular sus secretarios más cercanos y la FECI. A su vez, las magistradas y magistrados de la CSJ actuales y los que recientemente han dejado su cargo después de varios años de usurparlos. Luego están las fuerzas de seguridad, la PNC y el ejército que quienes, a través del beneficio de la corrupción, apoyan y respaldan a esta alianza y junto al crimen organizado son la fuerza represiva del Pacto.
Sus intenciones golpistas y dictatoriales han llegado a niveles absurdos como la pretensión ilegal de sacar de la presidencia de una comisión pesquisidora a la diputada Andrea Villagrán, o la elección exprés de la nueva CSJ, luego de 4 años de atraso o el impulso de un caso espurio y hasta ridículo el día de ayer contra 27 personas que mostraron y muestran su rechazo al fraude cometido en la USAC y la usurpación del cargo de Rector por parte del Walter Mazariegos. Estas acciones cada vez más burdas son señales inequívocas de la decadencia del Pacto de Corruptos y se convertirán en su propio ocaso. Son acciones que, solo dan cuenta de que estos actores, tales animales en riesgo, atacan, muerden, arañan en su desesperación que les pone en grave riesgo. Estos terminaran por traicionarse los unos a los otros, por darse la espalda y la pareja presidencial cada vez más cerca de dejar el poder que hoy perversamente usan, serán rápidamente tirada a las fosas.
