Es un consenso que la sociedad guatemalteca, dada la dimensión y profundidad de la crisis actual, nos encontramos en una encrucijada mayúscula, que pudiera ser resumida de la siguiente manera; o triunfan los golpistas con todas sus acciones ilegales e ilegitimas o triunfa el Pueblo e iniciamos un recorrido hacia la construcción de democracia y vida digna para todos y todas. Para poder transitar hacia la opción que deseamos los Pueblos, debemos hacer y tomar una serie de acciones que nos conduzcan a este proceso mucho más amplio que nos permitan no sólo derrocar al Pacto de Corruptos, sino tomar control de la devastada institucionalidad y a partir de ahí hacer lo necesario para instaurar un régimen de democracia, garantía de derechos humanos y vida digna para todos y todas, obviamente este proceso superará a cualquier esfuerzo de cuatro años.
Este entendimiento nos debe de llevar a las siguientes conclusiones, la primera de ella es que la renuncia, destitución o expulsión del Ministerio Público de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y Cinthya Monterroso, así como del juez Fredy Orellana es tan sólo el primer paso de una larga carrera. Una vez logrado este importante paso, habrá que lograr trazar la ruta para la designación de la nueva o nuevo Fiscal General y todo su equipo de trabajo y junto con ello la discusión de la necesidad o no de mantener la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI-. De manera paralela, es fundamental impedir que el Congreso de la República sesione con la intención de eliminar el antejuicio al actual y desaparecido Vicepresidente de la República Guillermo Castillo y con ello no permitirles un paso más en su estrategia golpista y/o en la aprobación de leyes regresivas y contrarias a los derechos humanos.
Una vez superadas estas acciones, es vital que lo expresado en la primera y segunda vuelta electoral se dé plena y efectivamente. Es decir que el 14 de enero de 2024 Bernardo Arévalo y Karin Herrera tomen posesión como Presidente y Vicepresidenta de la República y que en el Congreso de la República se instale con plenos derechos la bancada del Movimiento Semilla. Para que esto se dé plenamente, la lucha social también nos debe de llevar a voltear a ver hacia el Registrador de Ciudadanos, el Tribunal Supremo Electoral -TSE-, la Corte Suprema de Justicia -CSJ- y la Corte de Constitucionalidad -CC- para impedir que las y los golpistas quiten la personalidad jurídica al partido político que el Pueblo de Guatemala eligió como quien debe de dirigir los destinos del país durante cuatro años.
A partir del 14 de enero del 2024, la lucha social y popular debe de continuar en dos sentidos, por un lado, sostener y mantener la posibilidad de que Arévalo se mantenga en el poder y por el otro orientar, dirigir y llenar de contenido la política pública, la legislación y la institucionalidad que será necesaria para que el gobierno de Semilla, sea tan sólo la transición hacia la democracia.
