El pasado 20 de enero el Tribunal Supremo Electoral convocó al proceso electoral que definirá las autoridades a nivel nacional y municipal para el ejercicio 2024-2027 y el primer paso de este consiste en la inscripción de las candidaturas para binomios presidenciales, diputaciones al Congreso de la República, al Parlamento Centroamericano y para alcaldías de los 340 municipios que componen nuestro país. Previo a ello varios partidos políticos realizaron sus asambleas respectivas para elegir sus candidaturas y tal y como era de esperarse algunos de ellos postularán a figuras que tienen serios cuestionamientos, prohibiciones constitucionales y hasta condenas por el cometimiento de una serie de delitos.
Varias voces desde la sociedad civil guatemalteca, hemos alertado desde el año pasado que estamos afrontando un proceso que consolidará un Gobierno de corte dictatorial al servicio de la oligarquía y del crimen organizado. Lo paradójico y contradictorio de esta instalación de la dictadura en el país, es que esta se realizará a través del proceso electoral, donde la población guatemalteca llegará este 25 de junio a seleccionar entre una serie de partidos diseñados a la medida de las decisiones del Pacto de Corruptos. Para ello las mafias en el país, encabezadas por la élite económica, el gobierno actual de Alejandro Giammattei y estructuras criminales, han diseñado una estrategia que luego de su fase de cooptación institucional, se centra en la represión y violencia, así como en diseñar un proceso electoral fraudulento a la medida de sus intereses.
Una vez cooptada toda la institucionalidad pública del Estado guatemalteco, el Pacto se encamina a eliminar a la oposición política y cerrar todos los espacios de participación ciudadana. Algunos pasos ya han sido tomados en este sentido, la criminalización de aquellos actores incómodos al status quo forma parte de esta estrategia, así como la toma del control de la Universidad de San Carlos por las mafias, la aprobación de un Presupuesto Público a la medida de los intereses electorales del partido político en el poder y la aprobación de leyes por parte del Congreso de la República, para obstaculizar la libertad de organizarse y de expresión.
Luego de la presentación de los requisitos para la inscripción de candidaturas, ya tenemos la evidencia de la instalación de este fraudulento proceso electoral. Mientras el Registro de Ciudadanos permite e inscribe al binomio de la Coalición Valor-Unionista y de la Unidad Nacional de la Esperanza, ambos con una clara violación a la Constitución Política de la República, impide ilegalmente la inscripción de Thelma Cabrera y Jordán Rodas del Movimiento para la Liberación de los Pueblos -MLP-. De la misma manera este TSE ha inscrito a personas para alcaldías municipales y diputaciones a personas con denuncias e incluso sentencias por narcotráfico, denuncias por actos de corrupción y lavado de dinero. El proceso fraudulento fue echado a andar por parte del Pacto de Corruptos.
A la población guatemalteca nos corresponderá denunciar estos hechos y continuar organizándonos, articulándonos y movilizándonos en defensa de nuestros derechos humanos, porque un volcán no puede ser apagado por las mafias.
