La población guatemalteca sufre una importante vulneración de sus derechos humanos fundamentales, si bien esto no es responsabilidad exclusiva del actual gobierno, si cabe destacar que muchas de esas aflicciones diarias sufridas por la mayoría de familias en el país, se han profundizado a partir de las acciones intencionalmente delineadas por el actual gobierno de Alejandro Giammattei y por la mayoría de actores en el Organismo Legislativo y Judicial.
Durante los últimos años el Estado guatemalteco ha sido evaluado en distintas instancias de la Comunidad Internacional, siempre con los mismos resultados, que dan cuenta de la grave situación que asiste en términos democráticos, políticos, económicos y sociales a la mayoría de la población en el país. Guatemala, de manera voluntaria se ha adscrito, ha firmado y ratificado convenios en materia de derechos humanos, de tal cuenta que de manera periódica debe de rendir cuentas sobre los mismos. El año recién pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH– incluyó a Guatemala en el capítulo 4.B que declara al Estado (sus instituciones) como violadoras de derechos humanos. La CIDH en dicho informe establece que: “en el marco de su mandato convencional y reglamentario, la CIDH ha seguido con especial atención la situación de los derechos humanos en Guatemala y ha observado desafíos estructurales que afectan grave y seriamente el goce y disfrute de los mismos, en particular, derivados de acciones estatales que debilitan la independencia judicial y ponen en entredicho la lucha contra la impunidad y la corrupción, junto con el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y la institucionalidad en derechos humanos.”
De igual manera el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, llamó la atención el año pasado sobre las graves violaciones a derechos básicos de la población, como el agravamiento de la desnutrición crónica y aguda en niñez, la ausencia de políticas públicas para la garantía de derechos como la salud, educación, vivienda digna, entre otros.
Hace tan sólo dos días, una delegación del Estado guatemalteco se presentó al Consejo de Derechos Humanos, para la evaluación en el marco de la 42ª sesión del Examen Periódico Universal -EPU-. Esta delegación fue encabezada por miembros del Pacto de Corruptos, varios de ellos sancionados por el Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica por su participación en actos de corrupción e incluso por vínculos con el crimen organizado. Tal y como era de esperarse, nuevamente quedó en evidencia que, Guatemala incumplió con los compromisos asumidos a nivel internacional y que la situación de la población se ha deteriorado.
La salida a esta condición, de un Gobierno y poderes del Estado que deja en indefensión a su población, sólo es posible haciendo un esfuerzo conjunto, entre la población, sus organizaciones sociales y populares, las distintas resistencias pacíficas y organizaciones de sociedad civil, con el acompañamiento de la comunidad internacional solidaria con Guatemala para derrotar en definitiva a los poderes fácticos que componen la Alianza Criminal del Pacto de Corruptos.
