Por Jorge Santos
Todos los días al abrir las páginas de medios de comunicación escrito o revisar los sitios de internet de noticias, la ciudadanía honesta observa con horror como un fenómeno de corrupción, impunidad, clientelismo y violencia se van apoderando del escenario público, cada vez con mayor fuerza y empuje; todo ello con la gran misión de instaurar la Dictadura para el beneplácito de las élites en el país.
Recientemente, hay al menos tres hechos que hacen constar que el clientelismo, la corrupción, la impunidad y la violencia son las palancas más potentes para la Dictadura que se cierne sobre Guatemala. El primero de estos hechos, lo representa la continuidad de facto de una Corte Suprema de Justicia que tuvo que haber cambiado hace tres años. Con dos honrosas excepciones las y los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia -CSJ- han jugado un papel central en la ampliación de la impunidad a favor de corruptos, violadores de derechos humanos y en la persecución política contra toda la oposición. Es decir tenemos en uno de los órganos constitutivos de la República guatemalteca, la instalación de facto de sus más altas autoridades, usurpando un rol y un papel que nos les compete ya. Todo esto, fraguado desde la corrupción e impunidad que emerge del Congreso de la República.
El segundo elemento en este entramado, lo representa la reciente aprobación de la Ley Temporal de Desarrollo, que permitirá “resarcir a veteranos del ejército”, en una clara afrenta a la sociedad guatemalteca. Treinta seis mil quetzales a cada uno será el pago que desde el Estado podría entregarse a un grupo de personas que servirá para construir una fuerza electoral fundada en el clientelismo y para funcionar como grupo de choque cada vez que sea necesario y volver a instaurar así una fuerza paramilitar muy peligrosa. Esta aprobación ilegal y los hechos que puedan desencadenarse de aquí en adelante son sin lugar a dudas una moneda de cambio para que, desde la élite que instaura la dictadura pueda ser usada -con violencia- a beneficio de sus espurios intereses.
Por último y no por ello menos grave, lo constituye el nuevo y más reciente aprovechamiento del dolor de la población afectada por la Tormenta Tropical Julia, que afectó a mucha población en el país. Al igual que con el mediocre y corrupto manejo de la Pandemia de Covid-19, la falta de atención a las personas afectadas por Eta e Iota, hoy el Gobierno criminal de Alejandro Giammattei nuevamente instala un Estado de Calamidad Pública para seguir ampliando el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y actores privados sobre la muerte, pobreza y destrucción de viviendas, infraestructura y cultivos de miles de personas en el país. Es decir la corrupción será el otro elemento con la que se instaurará la dictadura.
Este escenario demanda de la sociedad guatemalteca organizarse, articularse, movilizarse y hacer uso legítimo de su derecho constitucional a la Resistencia Pacífica y derrocar así a este Pacto de Corruptos.
