Por Jorge Santos
Esta semana hemos conmemorado dos días que expresan la importancia de los derechos humanos para la humanidad. El primero de ellos, fue la conmemoración del Día Internacional del Trabajo y el segundo el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En países como Guatemala, tanto los derechos laborales de la clase trabajadora y la libertad para el ejercicio de la labor periodística son diariamente violentados por las élites criminales que nos gobiernan. Tan sólo un rápido repaso sobre estos dos hitos, nos darán cuenta de la grave situación que vivimos en el país.
Un mercado laboral precarizado, en donde alrededor del 80% de la Población Económicamente Activa -PEA- se encuentra empleada en la informalidad y tan sólo un 20% o menos está en el sector formal del empleo, es decir sólo este pequeño porcentaje cuenta con un contrato formal, prestaciones laborales, acceso al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- entre otras garantías que proveen los derechos laborales. La tasa de sindicalización es la más baja de América Latina y pues quienes se dedican a defender los derechos de las y los trabajadores, sufren junto al resto de personas defensoras de criminalización, difamación e incluso la muerte. En ese marco de deterioro de las condiciones laborales de las personas y por ende de la población, se conmemoró el 1 de mayo.
De igual manera, el ejercicio periodístico está plagado de riesgos y vulneraciones de todo tipo. Si bien Guatemala, no ha sido ideal para la libertad de prensa, durante los últimos años, se ha deteriorado las condiciones de dicha libertad y por el contrario hoy vivimos un escenario de represión y cierre de información hacia quienes desean informar a la población. Varios periodistas han sido criminalizados por su labor, denunciados espuriamente por develar tramas de corrupción o impunidad. Otros y otras han sufrido de una estrategia de estigmatización, difamación y discurso de odio y a muchos medios de comunicación se les ha ido cerrando la posibilidad de continuar su labor en libertad y autonomía.
Estas condiciones, en contra de las y los trabajadores y las y los periodistas, se suma la seria y ya sistemática represión en contra de personas defensoras del territorio y el medio ambiente, en contra de operadores y operadoras de justicia y en términos generales en contra de quienes nos oponemos a la consolidación del Estado autoritario ejercido por el Gobierno criminal de Alejandro Giammattei. Dicha situación, responsabilidad de la Alianza Criminal que conforma el Pacto de Corruptos debe de ser detenida e incluso hacerles retroceder en sus perversos intereses. Esta Alianza se encuentra cada vez más consolidada y articulada, por lo que demanda de los sectores populares y sociales, así como de las organizaciones de sociedad civil, los gremios de defensa de derechos humanos, mayores y mejores esfuerzos para la articulación, las alianzas entre actores del campo y la ciudad, movilización permanente y la definición de una agenda estratégica que obligue al Pacto a retroceder y ojalá pronto su fin.
