Por Jorge Santos
Es muy probable que todas y todos nos sintamos bastante afectados por las acciones de este Régimen de corrupción, impunidad, conservadurismo y violencia que se ha impulsado por la Alianza Criminal que hoy lidera las acciones del Estado. Esta Alianza Criminal encabezada por la oligarquía, representada en el CACIF, pretende a sangre y fuego imponer un manto de obscuridad al amanecer que tarde o temprano llegará.
Dicha Alianza Criminal está cada vez más consolidando un Estado autoritario y criminal, que se materializa en las siguientes acciones. Sin lugar a dudas es evidente para toda la sociedad la alineación de los tres poderes del Estado, prácticamente el Organismo Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como otras instituciones “autónomas e independientes” como la Corte de Constitucionalidad o la Contraloría de Cuentas, están en la misma sintonía y en la misma lógica de procurar corrupción e impunidad. Para que esta alineación hay podido gestarse, esta Alianza Criminal captura la institucionalidad pública y va tras los pocos espacios aún, verdaderamente autónomos e independientes, como algunos juzgados y tribunales del Sistema de Mayor Riesgo o la Procuraduría de los Derechos Humanos.
El tercer elemento de esta escalada autoritaria, está vinculada al desmantelamiento absoluto de las obligaciones y responsabilidades que el Estado tiene en materia de derechos y libertades fundamentales para la población; hospitales destruidos, sin equipo y recursos para atender, escuelas sin agua, prácticamente en el abandono; la infraestructura vial cada vez más en franco deterioro, entre otra serie de hechos que dan cuenta de esto. Sólo aquello en donde se puede esquilmar los magros recursos públicos, medio funciona y sirve para llenar los bolsillos de los miembros de esta Alianza Criminal. Aunque otra muestra de esta situación es el incremento de la violencia, habrá que abordarla por separado, ya que esta es consustancial al ejercicio del autoritarismo. Junto al crecimiento de los indicadores de violencia contra la población guatemalteca, la violencia contra todo lo que es considerado oposición al Régimen ha crecido desmedidamente. Las muestras del accionar de la corrupta Fiscal General del Ministerio Público en contra de Fiscales de la FECI y ex mandatarias de la CICIG, dan cuenta de este hecho. Dos elementos más configuran esta consolidación autoritaria; el primero es el cada vez mayor incremento de la militarización de la vida civil. Prácticamente el ejército se ha convertido en la institución a la que se opta para “cumplir” con ciertas obligaciones que le corresponden a otros ministerios o instituciones y el segundo elemento, lo representa el conservadurismo exacerbado que conduce al odio y la violencia, tal y como lo demuestra la reciente aprobación del Decreto 18-2022 por parte del Congreso de la República.
Frente a ello, la sociedad guatemalteca tiene que tener la claridad y articulación política y social para revertir este escenario y que siempre luego de una larga y obscura noche, vendrá el amanecer y desterrará para siempre al opresor organizado en la Alianza Criminal que hoy nos gobierna.
