Por Jorge Santos
La captura institucional y la instalación del Estado autoritario ha alcanzado tal nivel de operativización que se manifiesta en hechos que evidencian la profunda ruptura del orden democrático, legalidad y Estado de Derecho.
El oficialismo y sus aliados hacen gala de doble moral y populismo conservador plagado de hipocresía y contradicciones. Cuando, el año pasado luego de reducir Q137.2 millones del programa para prevenir la mortalidad infantil, usa su posicionamiento desde el Congreso para aprobar el Día por la Vida y la Familia. Esta misma alianza entrega como si fueran premios las presidencias de las comisiones del Congreso de la República para pagar o ganar favores, a quienes poco pueden llenar el perfil ideal para la labor que se debiera realizar desde esos espacios. Verbigracia, la Comisión de Defensa ha sido entregada por el oficialismo al diputado José Ubico que fue sentenciado por un tribunal estadounidense por el delito de narcotráfico.
La captura institucional se agrava y de forma paralela cuando suceden dos hechos profundamente anómalos, el primero cuando la Magistrada Valdés, quien usurpando la presidencia de la Corte Suprema de Justicia -en complicidad con el Congreso- preside a su vez la Comisión de Postulación para designar al o la Fiscal General del Ministerio Público. Ella junto a otros comisionados, que han sido señalados por carecer de calidades para el cargo serán responsables de evaluar, la idoneidad a quienes se postulen a la jefatura del MP. Es como que el Chapo Guzmán estuviera a cargo del proceso de selección de Procurador General de la República en México.
De esta misma forma en agosto 2022, estará tomando posesión la persona a ocupar el cargo de Procurador de los Derechos Humanos. Esta designación depende en buena medida de la selección de una terna presentada por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Dicha comisión está hoy presidida por Antonio Arenales Forno, conocido por su participación en el negacionismo del Genocidio, vinculado con personas acusadas de genocidio, crímenes en contra de la humanidad, corrupción e impunidad.
Estas anomalías han sido posibles gracias al amparo prestado desde el Ministerio Público por una Fisca General que ha permanecido pasiva a un sinfín de acciones contrarias al Estado de Derecho y legalidad existente en el país. Esta Fiscal General, acusada por el gobierno norteamericano de favorecer los intereses del Pacto de Corruptos y proteger a la alianza criminal –es decir obstrucción de justicia–, hoy se atreve a perseguir operadores y operadoras de justicia emblemáticos en la lucha contra la corrupción. Investigar y perseguir penalmente a fiscales de la FECI y abogadas vinculadas a la lucha contra la corrupción por una denuncia espuria presentada por una fundación señalada de ser violadora de derechos humanos y plagada de delincuentes.
En resumen, el país en el que el presidente Doctor, fue incapaz de proteger en primer término la salud de la población frente a los riesgos de la pandemia, no puede aspirar a otra cosa que la absoluta anomia
