Por Jorge Santos
Desde 1954 hasta la presente fecha, el país o el remedo de país que queda, ha sido gobernado por una única estructura que domina las decisiones trascendentales en materia de política pública. Esa estructura con funcionamiento similar al de un cartel del crimen organizado ha llevado al menos dos nombres, el primero de ellos Asociación Amigos del País, aunque en realidad por su accionar deberían ser llamados enemigos del país y el segundo nombre que se ha mantenido hasta la actualidad es el de Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), formado en 1957. No importa los colores, los nombres o las y los actores políticos que estén de turno en el poder, todos y cada uno tiene en mayor o menor medida vínculos con este cartel, al punto que las decisiones gubernamentales se toman fuera de los edificios institucionales.
Incluso durante el Conflicto Armado Interno el carácter anticomunista del sindicato patronal le llevó a respaldar, financiar y ser parte de la política contrainsurgente que diseñó y ejecutó el Genocidio en contra de cuatro Pueblos Mayas en el país, así como a los grupos paramilitares de ejecución extrajudicial y desaparición forzada de ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas. Al finalizar el Conflicto Armado Interno el CACIF o mejor dicho sus patrones conformados en el grupo de los ocho grupos corporativos familiares más grandes del país, han dominado el escenario de las decisiones estatales. Decidiendo quién sí o quién no puede llegar a la presidencia e iguales circunstancias se han observado para las y los tomadores de decisión en el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, la Junta Monetaria, entre otras instituciones centrales en el quehacer de lo público.
Se han opuesto a las políticas públicas de corte social que asisten a las poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad; respaldan decidida y contundentemente a los gobiernos criminales que expolian y reprimen a la población. Prácticamente se han opuesto a cualquier política que implique el cumplimiento del principio constitucional de que pague más, quien más ingresos tiene y han sido férreos opositores a cualquier medida de democratizar la tierra que concentran obscenamente. Esta estructura “empresarial” ha impuesto a los últimos presidentes de la República y en los gabinetes de gobierno a funcionarios de finanzas, economía, energía y minas, educación y gobernación entre otros. Responsables de financiar personajes de la calaña de Jimmy Morales, Álvaro Arzú, Óscar Berger, Carlos Vielman, Erwin Sperinsen y por supuesto al más reciente y servil peón de la rancia oligarquía, Alejandro Giammattei.
Nuestro histórico deber ciudadano es y será la democratización del poder que hoy está concentrando en esta estructura, para elegir libremente a quiénes desde los tres organismos del Estado se atrevan a romper con la herencia colonial para instaurar el bien común y la justicia social para construir las bases del futuro en el que la vida digna sea el denominador común.
